La Corte Constitucional (CC) aclaró este domingo que su sentencia no prohíbe la inversión privada ni detiene los proyectos del sector eléctrico. La CC se pronunció a través de su cuenta de X, “ante la circulación de información imprecisa sobre el alcance de la sentencia”.
El organismo explicó que la sentencia fue emitida dentro de un proceso iniciado en 2021, a partir de una demanda de inconstitucionalidad, y que su resolución se dio conforme al orden cronológico de causas. En ese contexto, la Corte consideró necesario aclarar “de manera responsable” a la ciudadanía y a los medios de comunicación el verdadero contenido y los efectos de su fallo.
Según precisó la Corte, la decisión mantuvo vigentes la mayoría de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y declaró inconstitucional únicamente una de las causales legales que permitían delegar actividades al sector privado, específicamente la que habilitaba dicha delegación “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”.
Esta expresión fue considerada incompatible con la Constitución por su amplitud excesiva, al punto de vaciar de contenido el principio constitucional que establece que la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.
El fallo, añadió el organismo, no eliminó los mecanismos de delegación al sector privado. Permanecen vigentes las causales que permiten delegar cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas o mixtas, así como en proyectos que utilicen energías renovables no convencionales, conforme a la normativa aplicable. En consecuencia, la sentencia no prohíbe la inversión privada ni paraliza proyectos, sino que mantiene abiertas las vías de participación privada dentro de reglas claras, específicas y acordes con la Constitución.
La Corte recordó además que la Constitución dispone que los sectores estratégicos, como el energético, deben ser gestionados por el Estado como regla general, permitiendo la participación privada solo en casos excepcionales definidos con precisión por la ley. Cuando se emplean justificaciones demasiado abiertas, como la de “interés público”, existe el riesgo de que la excepción se convierta en regla. Por ello, el fallo exige que las delegaciones al sector privado se sustenten en causales claras, específicas y constitucionalmente válidas.
Ministerio de Energía y Minas se suma a la aclaración
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas también aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional no impide el desarrollo de proyectos eléctricos y que sus efectos rigen hacia el futuro, sin afectar delegaciones realizadas con anterioridad. En ese sentido, aseguró que los contratos, concesiones y títulos habilitantes vigentes mantienen su validez y pueden continuar ejecutándose conforme a las condiciones establecidas, con acompañamiento y control permanente del Estado.
“El servicio de energía eléctrica es prioridad para el Gobierno, de ahí que nuestra gestión para incrementar energía en firme y energía no convencional (solar, eólica, hidros pequeñas y otras) no se detiene”, escribió la ministra del sector, Inés Manzano, en su red social X.
Asimismo, el Ministerio destacó que la decisión reafirma la figura de los autogeneradores como actores válidos dentro del sistema eléctrico nacional, cuya operación vinculada al autoconsumo y a la inyección regulada de excedentes continúa bajo supervisión estatal, reconociendo su aporte técnico al Sistema Nacional Interconectado.
Como acciones inmediatas, el Gobierno anunció que impulsará una reforma legal para definir de manera técnica, clara y precisa las condiciones de la delegación excepcional al sector privado, con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a futuros proyectos.
De forma paralela, se promoverá una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector eléctrico, orientada a fortalecer la planificación, la transparencia, la calidad del servicio, la inversión responsable y la transición energética del país.
Según el Ejecutivo, el objetivo es garantizar más energía confiable para la ciudadanía, reglas claras para los proyectos y mayor confianza para la inversión que requiere el Ecuador.
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