Por: David Tapia, abogado y analista político
En Ecuador, pocas instituciones han generado tanta controversia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Concebido como un mecanismo para fortalecer la democracia participativa, hoy se encuentra en el centro de un debate estructural: su posible eliminación como órgano designador de autoridades de control.
La propuesta de reforma plantea trasladar esta facultad a la Asamblea Nacional mediante referéndum constitucional. A primera vista, la idea parece responder a una demanda ciudadana clara: reemplazar un sistema cuestionado por otro que, en teoría, ofrezca mayor legitimidad política. Sin embargo, el problema de fondo no es tan simple como cambiar de manos el poder de designación. Es mucho más profundo: se trata de cómo se ejerce ese poder.
El modelo vigente, en el que el CPCCS designa autoridades como el Fiscal General, el Contralor o el Defensor del Pueblo, ha sido duramente criticado por su falta de transparencia, politización encubierta y débil legitimidad. La reforma propone que sea la Asamblea Nacional quien asuma esta competencia. Sin embargo, el traslado del poder no garantiza por sí mismo una mejora en la calidad institucional. De hecho, podría abrir la puerta a un problema aún mayor: la concentración del poder político en un solo órgano del Estado.
Uno de los aspectos más críticos de la propuesta es una omisión que no puede pasar desapercibida: no se define con qué tipo de mayoría la Asamblea designará a las autoridades. Este detalle, aparentemente técnico, es en realidad el núcleo del problema. Una mayoría simple podría permitir que una fuerza política circunstancial capture los organismos de control. En cambio, una mayoría calificada obligaría a consensos, generando contrapesos y reduciendo el riesgo de hegemonía. Aquí se juega el verdadero equilibrio institucional.
La Corte Constitucional ya ha advertido sobre un posible desequilibrio si no se establecen mecanismos adecuados. Los riesgos son claros: concentración de poder en la Asamblea, debilitamiento del control ciudadano y ambigüedad normativa que puede derivar en arbitrariedad. En otras palabras, existe el peligro de reemplazar un sistema defectuoso por otro igual o incluso más vulnerable.
El problema no es quién designa, sino cómo se designa. No basta con eliminar al CPCCS del proceso; es imprescindible rediseñar el sistema con reglas claras, técnicas y verificables. Esto implica incorporar fases técnicas obligatorias mediante comisiones independientes, limitar la decisión política a finalistas calificados, exigir mayorías calificadas que obliguen a acuerdos, garantizar control constitucional permanente y asegurar transparencia e independencia en todo el proceso.
En el fondo, el país enfrenta una disyuntiva entre tres modelos: el ciudadano, representado por el CPCCS; el político, encarnado en la Asamblea Nacional; y el técnico, basado en criterios académicos y meritocráticos. La discusión nacional debería centrarse en cómo equilibrar estos enfoques, no en sustituir uno por otro de manera simplista.
La reforma al sistema de designación de autoridades de control es una oportunidad para corregir uno de los mayores problemas institucionales del Ecuador, pero también es un momento de alto riesgo. Si se aprueba sin reglas claras, sin contrapesos y sin blindaje frente a intereses políticos, el país podría estar institucionalizando un nuevo mecanismo de concentración de poder. Y entonces, la pregunta seguirá siendo la misma, aunque cambien los actores: ¿quién controla a los que controlan?
Post relacionados
