Con cinco votos a favor y dos abstenciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó este viernes, 20 de junio, reformas clave al reglamento para elegir al próximo fiscal general del Estado. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria virtual.
El CPCCS aseguró que los cambios no vulneran la ley ni los principios del concurso público. Las reformas se trabajaron en mesas técnicas dirigidas por el área jurídica del Consejo y recogieron aportes de consejeros y gremios como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, destacó que estas reformas fortalecen el instrumento normativo, logrando “un justo equilibrio en el perfil que buscamos, que puede provenir del libre ejercicio profesional, la academia o el servicio público”.
Se fortalecen criterios éticos y técnicos
Entre los cambios más relevantes está la inhabilitación de postulantes procesados por delitos de corrupción o crimen organizado. También se eliminó la restricción que excluía a abogados que ejercieron la defensa técnica en casos penales, salvo que exista una sanción por conducta antiética.
El reglamento reformado prioriza la experiencia en litigación penal. Se valorarán audiencias y recursos jurídicos específicos, y se incluirán méritos académicos como doctorados con distinción. También se redefinieron las materias relevantes, enfocándose en justicia penal para adolescentes y derecho penal internacional, dejando de lado áreas como ética y derecho administrativo.
Además, la veeduría ciudadana se activará solo cuando se convoque a la comisión que organizará el concurso. En materia de acción afirmativa, se exigirá documentación que respalde cada caso.
La consejera Nicole Bonifaz se abstuvo de votar y criticó el proceso: “Se cometieron inconstitucionalidades en esta reforma”, aseguró. A pesar de las diferencias, el CPCCS planea iniciar pronto el concurso y promete un proceso “transparente, técnico y con control ciudadano efectivo”.
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