Por: María Eugenia Molina. Ph.D.©
Experta en Comunicación Estratégica/Docente Universitaria
El Presidente de la República, Guillermo Lasso, comunicó hace unos días su decisión de eliminar el examen de admisión a las universidades desde 2023, para ello suscribió un Decreto Ejecutivo mediante el cual se establece el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior; con lo cual pretende cumplir un ofrecimiento de campaña; sin embargo, la supresión del examen “Transformar” no constituye, ni remotamente, la solución para que los bachilleres accedan masivamente a un cupo en las universidades públicas.
Una acción (eliminación del examen) para que tenga soporte concreto debe estar sustentada en una política pública que permita el acceso a las distintas carreras que disponen las universidades, de lo contrario el anuncio del Jefe de Estado, que seguramente fue bien recibido por muchos jóvenes, en la práctica no será una realidad, pues no es únicamente el examen lo que deja fuera de la educación superior a miles de estudiantes cada año, hay temas de fondo que limitan el acceso a las diferentes facultades de las universidades públicas del país.
Algunos de ellos son: la cantidad limitada de cupos versus la gran demanda de jóvenes que desean estudiar, generalmente, carreras como medicina, derecho, ingenierías, administración que están saturadas tanto en los centros de educación superior como en la práctica profesional; el presupuesto limitado de las universidades que no permite contratar más docentes para la enseñanza, por lo que los maestros tienen que albergar en sus clases a un número considerable de alumnos, lo cual perjudica la enseñanza; los espacios físicos resultan insuficientes para la demanda; las carreras existentes, no necesariamente, se ajustan a los requerimientos del mercado y la sociedad.
Tampoco se puede dejar de lado el tema de los vacíos académicos que traen los estudiantes desde la educación media, la masificación, las brechas de género, la deserción por factores económicos, falta de orientación y acompañamiento durante la carrera, temas que no se resuelven con quitar un examen, se lo hace mediante la creación, planificación y ejecución de políticas públicas integrales en las que se contemplen estos y otros factores que permitan no solo llegar a la universidad, sino finalizar con éxito la carrera.
Sin políticas integrales que consideren tales elementos y que permitan que las universidades crezcan de manera técnica en número de alumnos y de docentes con alta cualificación y que sean el soporte que los chicos requieren, no se puede pretender que se resuelvan los problemas de la educación superior, lo que se está haciendo es transmitir la responsabilidad de llevar el proceso a las universidades para que sean ellas quienes determinen los mecanismos de selección, recordemos que antes de que sea la Senescyt el organismo encargado de tal proceso, las universidades ya lo hacían y eso no quiere decir que años atrás no hubo gente que se quedó sin cupo.
Cada universidad y facultad tenía sus mecanismos de selección. Mi experiencia personal como estudiante de licenciatura, diplomado, maestría y doctorado (este último en el exterior) en la universidad pública, me dice que no todos los aspirantes lograron cupo, ni que todos llegaron al último año de la carrera o a titularse, por lo cual pretender que la problemática del acceso a la universidad pública es exclusivo de dar o no un examen es un error, como es errático también el manejo comunicacional del tema, ya que, una vez más se lo manejó desde la acción y desde el marketing posicionando en el imaginario social que el escollo principal del acceso a la educación superior pública está superado, cuando la realidad dista mucho de aquello.
Es necesario que esta decisión esté apalancada en políticas educativas integrales que aporten a la solución real de esta problemática, pues como se dice coloquialmente, la calentura no está en las sábanas.
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