El presidente Daniel Noboa notificó, a la Asamblea Nacional, su veto total al proyecto de ley sobre la participación de las rentas del petróleo en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La información fue enviada, desde El Vaticano, a la presidenta del Parlamento, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, para su conocimiento y trámite.

El proyecto propone que, por cada barril de petróleo industrializado en esas provincias, se entregue un dólar a sus gobiernos locales. El Ejecutivo advierte que esta medida podría comprometer recursos del Estado sin un respaldo técnico ni un estudio de sostenibilidad.

Impacto en las finanzas públicas y marco constitucional

El Gobierno señala que la iniciativa interpreta incorrectamente el concepto de “industrialización” como “renta”. También recuerda que los gobiernos autónomos deben obtener recursos propios y respetar los principios constitucionales de distribución de rentas. Según la Constitución, los recursos deben repartirse de forma predecible y basada en criterios como la población y las necesidades básicas, no en beneficios exclusivos que puedan alterar el equilibrio fiscal.

La Asamblea Nacional puede insistir en el proyecto de ley inicial con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Si no se alcanzan los votos necesarios, el proyecto se archiva. El tema de la ley vetada no puede volver a ser tratado en un año.

Reacciones en el Legislativo

Hasta el cierre de esta edición solo una bancada ha reaccionado a la decisión presidencial. A través de sus redes sociales, la bancada de Revolución Ciudadana (oposición) tildó de insensible la decisión del presidente. Además critican la ausencia del presidente para enfrentar la emergencia por un sismo de más de 6 grados en la provincias de Esmeraldas. No obstante, no aclaran si cuentan con el respaldo de otras bancadas para insistir en la propuesta.