La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, presentó una denuncia por presunto prevaricato contra la jueza Karen Alarcón ante la Fiscalía General del Estado, luego de que la magistrada negara un pedido de caución dentro del proceso conocido como caso Grillete.

El abogado Julio César Cueva informó que la acción legal se sustenta en que la jueza habría reconocido durante la audiencia que el alcalde cumplía con los requisitos legales para acceder a una fianza, pero decidió rechazar la solicitud.

Cuestionan decisión judicial

Según explicó Cueva, la magistrada concluyó que la caución no constituía una medida idónea para garantizar la comparecencia de Alvarez dentro del proceso penal.

A criterio de la defensa, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y al no existir prohibiciones expresas, la jueza debía conceder el beneficio solicitado. El abogado Ramiro García también cuestionó la resolución y la calificó como “insólita”.

Según sostuvo, los argumentos utilizados por la magistrada no están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ya que en este tipo de trámites el juez debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fijar el monto correspondiente.

Informe sobre el grillete influyó en la resolución

La decisión judicial tomó en consideración un informe del sistema de monitoreo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Ese documento registró 33 alertas relacionadas con la remoción del dispositivo de vigilancia electrónica que portó Aquiles Alvarez durante siete meses.

Con base en esa información, la jueza Karen Alarcón concluyó que existían “indicios objetivos de incumplimiento reiterado de una medida de control físico permanente”.

Por ese motivo, consideró que una garantía económica no ofrecía suficientes condiciones para asegurar la permanencia del procesado dentro del procedimiento judicial.

Caso Grillete sigue en investigación

El denominado caso Grillete investiga un presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica que portaba el alcalde de Guayaquil.

La defensa sostiene que se trata de un delito cuya pena oscila entre uno y tres años de prisión y que no existe una víctima directa ni un perjuicio patrimonial al Estado, por lo que considera procedente la concesión de una caución.

Actualmente, Aquiles Alvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde cumple dos órdenes de prisión preventiva.

Una corresponde al caso Grillete y la otra al caso Triple A, proceso que se encuentra en etapa de juicio.

Fiscalía analizará la denuncia

La Fiscalía General del Estado deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación respecto a la denuncia presentada por los abogados del alcalde.

El prevaricato es una figura penal que sanciona a los servidores públicos que emiten resoluciones o decisiones arbitrarias, injustas o contrarias a la ley, con conocimiento de dicha actuación.