La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció nuevas restricciones en el acceso a la comunicación con su equipo jurídico, lo que —según sus abogados— evidenciaría irregularidades dentro del proceso judicial en su contra.

El abogado defensor, Ramiro García, señaló que durante varios días no se permitió una comunicación directa y oportuna con su defendido, afectando la preparación de la estrategia legal. Según explicó, los pedidos de reuniones telemáticas no fueron atendidos de forma inmediata, pese a reiteradas solicitudes.

Limitaciones en la comunicación con la defensa

De acuerdo con un comunicado difundido por la defensa, el contacto con el alcalde se logró únicamente tras insistentes gestiones, luego de que la Sala Provincial Anticorrupción dejara sin efecto la prisión preventiva de varios procesados en el caso.

Además, se cuestionaron las condiciones en las que se realizan las reuniones entre abogado y defendido. “Las conversaciones deben hacerse a través de un vidrio, sin privacidad y bajo presencia policial”, señalaron, lo que impediría un intercambio confidencial.

A esto se suma la imposibilidad de ingresar documentación para su revisión y firma, lo que —según el equipo legal— obstaculiza actuaciones propias del ejercicio de la defensa técnica.

Señalamientos sobre vulneración de derechos

La defensa sostiene que estas situaciones no son hechos aislados, sino parte de una serie de vulneraciones al derecho a la defensa, lo que comprometería garantías constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En ese sentido, enfatizó que la comunicación reservada entre abogado y defendido es un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución como en estándares internacionales.

El equipo jurídico de Alvarez indicó que estas condiciones han sido expuestas en reiteradas ocasiones ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas correctivas.

Por ello, insistieron en la necesidad de restablecer condiciones adecuadas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la defensa y la transparencia del proceso.