Delirios de poder y crisis institucional en el Ecuador
Por: David Tapia, abogado y analista político
La democracia no se limita únicamente a la existencia de elecciones periódicas ni a la presencia formal de instituciones como el presidente, la Asamblea Nacional o las demás funciones del Estado. Una democracia verdadera requiere equilibrio entre poderes, respeto a la libertad de expresión, pluralismo político y tolerancia frente a quienes piensan diferente.
Cuando estos elementos se debilitan y el poder comienza a concentrarse en una sola figura o en un grupo político dominante, aparece lo que muchos analistas llaman “delirios de poder”.
Los delirios de poder se manifiestan cuando un gobierno deja de verse como un administrador temporal del Estado y empieza actuar como si fuera propietario del poder público. En ese momento, la oposición deja de ser un actor legítimo dentro del sistema democrático y comienza a ser tratada como un enemigo político. Este fenómeno deteriora la calidad de la democracia, debilita las instituciones y genera una cultura política basada en la confrontación y la persecución. Un debilitamiento democrático cuando un gobierno desarrolla una visión semi‑autoritaria, se produce una transformación progresiva del sistema político. Aunque formalmente el país siga siendo una república con elecciones, en la práctica el poder comienza a concentrarse cada vez más.
El presidencialismo puede transformarse en hiperpresidencialismo, donde el Ejecutivo empieza a influir de forma excesiva en las demás funciones del Estado.
Esto genera varios problemas: debilitamiento de la independencia judicial, presión política sobre los medios de comunicación, persecución o estigmatización de opositores y reducción del debate democrático.
En este contexto, la democracia puede mantenerse como una estructura formal, pero pierde su esencia: el equilibrio entre poderes y la libertad de crítica. Con este marco, vale la pena analizar brevemente algunos factores presentes en los gobiernos ecuatorianos de los últimos años.
El Gobierno de Rafael Correa tuvo varios momentos de confrontación y concentración de poder. Durante el gobierno de Correa (2007–2017) se vivió uno de los períodos de mayor confrontación política en el Ecuador contemporáneo. Su proyecto político, conocido como Revolución Ciudadana, impulsó importantes transformaciones en el Estado, pero también fue criticado por la fuerte concentración de poder en el Ejecutivo. Uno de los aspectos más discutidos fue la relación conflictiva con los medios de comunicación. Periodistas, comunicadores y medios críticos denunciaron presiones políticas y procesos judiciales que afectaron la libertad de expresión. El caso del diario El Universo y del periodista Emilio Palacio se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de esta confrontación entre el gobierno y la prensa.
Además, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013 fue ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales debido a que permitía sanciones contra medios y periodistas. Muchos analistas consideraron que esta normativa generó un ambiente de autocensura dentro del periodismo ecuatoriano.
Estos elementos llevaron a diversos organismos internacionales a señalar que durante ese período el Ecuador experimentó un debilitamiento de la independencia institucional y de la libertad de expresión.
El gobierno de Lenin Moreno mantuvo una apertura parcial y muchas contradicciones marcó una ruptura política con el correísmo. Durante su mandato se impulsaron reformas destinadas a reducir el control estatal sobre los medios de comunicación y a restablecer ciertos equilibrios institucionales. Uno de los cambios más importantes fue la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), organismo que había sido utilizado para sancionar a medios y periodistas. Este hecho fue interpretado por muchos analistas como un paso hacia la recuperación de libertades democráticas.
Sin embargo, su gobierno también enfrentó fuertes críticas, especialmente por la respuesta estatal frente a las protestas sociales de octubre de 2019, donde se registraron enfrentamientos, uso excesivo de la fuerza y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, aunque Moreno abrió ciertos espacios democráticos, su gobierno no logró consolidar plenamente un sistema político más estable.
El gobierno de Guillermo Lasso acepto que el cargo le quedo grande y que aceptarlo también es democracia. El gobierno de Guillermo Lasso (2021–2023) se desarrolló en un contexto de profunda fragmentación política. A diferencia de gobiernos anteriores, no contó con una mayoría legislativa sólida y tuvo que enfrentar constantes conflictos con la Asamblea Nacional. Esta situación limitó su capacidad para concentrar poder y obligó a su gobierno a negociar con diferentes actores políticos. Paradójicamente, esta debilidad institucional también puede interpretarse como una señal de mayor pluralismo democrático.
Uno de los momentos más importantes de su gobierno fue la aplicación del mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, que permitió disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Aunque fue una decisión controversial, este mecanismo no representó una ruptura del orden democrático, ya que el propio presidente también se sometió al veredicto de nuevas elecciones.
En ese sentido, aceptar que el cargo se volvió insostenible también puede ser una forma de responsabilidad democrática. Aceptar que te quedó grande el cargo también es democracia.
El gobierno Daniel Noboa y los desafíos actuales son multidimensionales los contextos más complejos de la historia reciente del Ecuador. La crisis de seguridad, el aumento de la violencia y la presencia del crimen organizado han generado un escenario de gran presión política y social.
Las medidas adoptadas para enfrentar esta crisis como la declaración de conflicto armado interno y la militarización de la seguridad han abierto un intenso debate sobre los límites del poder estatal.
Algunas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles abusos y han pedido que las políticas de seguridad se mantengan dentro del marco democrático y del respeto a los derechos fundamentales.
Aquí surge una pregunta compleja pero necesaria: ¿hasta qué punto una democracia puede flexibilizar ciertos contrapesos para garantizar la seguridad?
Si para mejorar la seguridad se requiere endurecer ciertas políticas estatales, incluso reduciendo temporalmente algunos contrapesos, esto podría discutirse. El ejemplo más citado es el de Nayib Bukele en El Salvador, donde las políticas de seguridad lograron reducir de forma significativa los niveles de violencia.
Sin embargo, también hay que recordar que El Salvador llegó a ser uno de los países más peligrosos del mundo antes de estas medidas.
Ecuador, aunque enfrenta una crisis grave, nunca había alcanzado históricamente los niveles de violencia que comenzaron a registrarse desde 2018.
Si para mejorar la seguridad se aplican medidas más fuertes, estas deberían reflejarse claramente en datos y resultados reales. En El Salvador, aproximadamente a los tres años del gobierno de Bukele ya se empezaban a observar cambios significativos en los indicadores de seguridad.
En Ecuador, en cambio, la situación aún no muestra mejoras claras y en algunos casos incluso parece empeorar.
En conclusión, la política ecuatoriana demuestra que la democracia no puede sostenerse únicamente en elecciones. Para que exista una democracia real es necesario que el poder tenga límites claros, que las instituciones funcionen con independencia y que la crítica política sea respetada. Los delirios de poder, ya provengan de gobiernos de izquierda, derecha o centro, representan una amenaza constante para cualquier sistema democrático. Cuando un gobierno cree que puede gobernar sin contrapesos o que su proyecto político está por encima de las instituciones, la democracia comienza a deteriorarse.
El verdadero desafío del Ecuador no es solamente elegir gobernantes, sino construir una cultura política donde ningún líder se considere indispensable ni superior a las instituciones del Estado.
Incluso en tiempos de crisis cuando la democracia atraviesa momentos de cólera la defensa de las instituciones sigue siendo el límite que evita que el poder derive en autoritarismo.
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