Por: Mayra García Calle
La eliminación del subsidio al diésel ha abierto un intenso debate. Para algunos, representa un alivio para las golpeadas finanzas públicas; para otros, un duro impacto en la economía cotidiana. Lo cierto es que el Estado dispondrá de más de 1.100 millones de dólares anuales, recursos que antes se diluían en un subsidio mal diseñado, aprovechado incluso por el contrabando y sectores que nunca lo requirieron.
El efecto inmediato preocupa: el transporte, la producción agrícola y el precio de los alimentos resentirán el cambio. La experiencia demuestra que, sin respuestas ágiles, las protestas sociales no tardan en surgir. Sin embargo, la verdadera discusión no está en la eliminación, sino en el uso responsable del ahorro.
Si esos fondos se canalizan con planificación y transparencia, podrían generar un efecto transformador. Una parte permitiría mejorar hospitales regionales, contratar personal médico y reducir las listas de espera. Otra fracción serviría para fortalecer la educación, rehabilitando escuelas rurales y garantizando alimentación escolar. En lugar de subsidiar combustibles, se podría modernizar la flota de transporte público, elevando la calidad del servicio y reduciendo la contaminación.
En el sector agrícola, créditos blandos y el acceso a maquinaria serían un respaldo directo para los pequeños productores que enfrentan mayores costos. También la seguridad nacional podría beneficiarse con inversiones en control fronterizo y lucha contra el contrabando.
En definitiva, el éxito de esta decisión no depende solo de eliminar un subsidio, sino de convertir el sacrificio en beneficios palpables. El verdadero desafío no es eliminar un subsidio, sino demostrar con hechos que cada dólar ahorrado se traduce en hospitales, escuelas y transporte que todos podamos sentir.
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