El sismo de magnitud 7.8 dejó 676 fallecidos y pérdidas por USD 3 300 millones en 2016. Tras diez años, el país analiza el impacto de la reconstrucción y la gestión de riesgos en su proforma presupuestaria.
Ecuador recuerda hoy, 16 de abril de 2026, los diez años del terremoto que devastó Manabí y Esmeraldas. El evento natural más destructivo de la historia reciente provocó 6 200 heridos y desplazó a 80 000 personas.
La tragedia paralizó el motor productivo de Manabí, cuyo valor agregado bruto cayó 9.8 puntos porcentuales. Además, la catástrofe destruyó 51 establecimientos de salud y 886 centros educativos en toda la región litoral.
El impacto financiero en una economía dolarizada
El desastre generó un shock de liquidez inmediato debido a la imposibilidad de emitir moneda propia. Ante esta emergencia, el Estado activó la Ley de Solidaridad para incrementar temporalmente el IVA al 14%.
Ecuador dependió del financiamiento externo para sostener la reconstrucción durante los primeros años. Entre 2016 y 2017, organismos como el Banco Mundial y el BID inyectaron USD 4 000 millones de liquidez.
Esta entrada de divisas permitió que el crédito productivo creciera un 11% en el año posterior al sismo. El Banco Central del Ecuador (BCE) envió USD 20 millones en efectivo a las zonas afectadas para garantizar retiros.
La reconstrucción en la proforma de 2026
A una década del sismo, el esfuerzo por recuperar las zonas afectadas muestra señales de estancamiento. Diversas obras iniciadas tras la tragedia permanecen paralizadas o inconclusas según los reportes actuales de fiscalización.
Sin embargo, la proforma presupuestaria de 2026 todavía registra un saldo disponible de USD 50 millones. Estos recursos provienen de los remanentes generados por la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad.
El electorado ha castigado en las urnas la gestión de los últimos gobiernos respecto a este rubro. El manejo de los fondos de reconstrucción sigue siendo un tema sensible en el debate político nacional.
Hacia una cultura de gestión de riesgos
La tragedia dejó como legado la creación de la Estrategia de Gestión Financiera ante el Riesgo de Desastres. Esta herramienta posiciona a Ecuador como un referente regional en protección económica frente a eventos catastróficos.
En ciudades como Manta y Portoviejo, la reconstrucción priorizó la seguridad y la resiliencia en la nueva infraestructura. La lección de 2016 obliga al Estado a mantener una planificación financiera prudente ante futuras amenazas naturales.




