Tras el decreto ejecutivo que emitió el presidente Guillermo Lasso el pasado 18 de octubre, los analistas David Cordero e Ismael Quintana analizaron el mismo y sus implicaciones.
Para Cordero, la sociedad debe entender que problemas como los de las cárceles y los de la delincuencia tienen orígenes sociales más profundos. Así, dijo que los mismos no son de carácter excepcional, sino que el problema ya lleva varios años en el país. Por ejemplo, citó a la masacre de febrero de 2021 y el dictamen de la Corte Constitucional (CC).
En esa línea, recordó que el estado de excepción suspende derechos y moviliza recursos y a militares.
Las facultades del presidente
Para Quintana, el presidente tiene la facultad de decretar el estado de excepción bajo condiciones, en este caso, de grave conmoción interna. Por ello, dijo que sí cree que existe grave conmoción interna. Además, resaltó que el documento no suspende ninguna libertad ciudadana.
En esa misma línea, criticó el uso de los militares para fines de los decretos ejecutivos que, a decir de Quintana, los distraen de sus funciones.
En ello concordó Cordero y dijo que se usan a las Fuerzas Armadas para la seguridad en las calles cuando esa competencia le corresponde a la Policía Nacional. Por ello, reiteró que el presidente no logrará restablecer el orden en los próximos 60 tal como lo establece el decreto ejecutivo. “Hay que hacer algo, pero no hay que hacer cualquier cosa. No se debería usar al ejercito para hacer funciones de la policía. No se entiende lo nuevo con el estado de excepción. Como ciudadanos se debería pedir que se tome con seriedad los temas”, criticó.
Cordero, además, alertó que con el decreto ejecutivo, el presidente puede enviar más de un proyecto económico urgente y pueden existir enfrentamientos entre Policía y Fuerzas Armadas contra la ciudadanía en las jornadas de movilización programadas para esta semana.