La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional luego de que este martes 31 de diciembre se confirmara que los restos hallados en Taura pertenecen a los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, que estaban desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre tras ser retenidos por militares.
«El Legislativo exige justicia y se solidariza con las familias de los niños y adolescentes asesinados. Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso», publicó el Parlamento en un comunicado.
Este martes 31 de diciembre, último día del año, la Fiscalía General confirmó que los cuerpos hallados la semana pasada corresponden a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por un grupo de 16 uniformados.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos se solidarizó con los familiares de los adolescentes y llamó a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general a evitar cualquier forma de revictimización y estigmatización.
«Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad», declaró la institución.
La prefecta de Guayas, provincia donde ocurrió la tragedia, Marcela Aguiñaga, expresó dolor por cerrar el año con esta tragedia que enluta al país.
“Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera. Que el miedo no nos silencie, y que la solidaridad se transforme en la voz que exija justicia para que nunca más se repita algo así”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señala que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
Candidatos presidenciales, figuras políticas, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
Los 16 militares involucrados recibieron hoy orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
Este caso ha conmocionado al país y ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
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