La Cancillería de Ecuador respondió ste martes 17 de febrero a la reciente decisión de la Comunidad Andina (CAN). El Gobierno ecuatoriano activó los mecanismos institucionales del Acuerdo de Cartagena tras la admisión de una demanda colombiana. Esta disputa surge por la tasa aduanera del 30 % que Ecuador aplica a los productos del país vecino.
Como parte de su estrategia legal, el Ministerio de Producción presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Secretaría General. Las autoridades ecuatorianas denuncian presuntas vulneraciones a los compromisos comunitarios por parte de Bogotá. Según el documento oficial, Colombia habría incumplido decisiones previas del Tribunal Andino de Justicia.
Defensa de la seguridad y el comercio nacional
Ecuador justifica la tasa del 30 % impuesta desde el 1 de febrero de 2026 por razones de seguridad nacional. El Gobierno defiende este arancel ante la supuesta inacción de Colombia contra el crimen organizado transnacional. El presidente Daniel Noboa vincula esta medida con la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Además, el mandatario sostiene que la tasa busca corregir un déficit comercial bilateral que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Por ello, la Cancillería argumenta que estas acciones protegen los sectores estratégicos y refuerzan el control aduanero. El Estado ecuatoriano ratifica así su postura de no ceder en controles que garanticen la tranquilidad del territorio.
Represalias y proceso de investigación en la CAN
La tensión entre ambas naciones escaló rápidamente tras las primeras medidas arancelarias de enero de 2026. En represalia, Colombia aplicó aranceles similares a productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Posteriormente, el Gobierno colombiano llevó el caso ante la CAN para invalidar la tasa impuesta por Quito.
El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, ya inició un procedimiento de investigación para evaluar la legalidad de la medida ecuatoriana. Ecuador, por su parte, asegura que resolverá las diferencias dentro de la institucionalidad comunitaria. El comunicado oficial enfatiza la necesidad de un comercio basado en reglas claras y condiciones equitativas para ambas naciones.
Falta de acuerdos en reuniones de alto nivel
A pesar de varias reuniones bilaterales de alto nivel, los dos gobiernos no logran acuerdos definitivos para suspender las sanciones. Ecuador insiste en que Colombia debe demostrar un compromiso equivalente en materia de seguridad fronteriza. Mientras tanto, los exportadores e importadores de la región observan con incertidumbre el desarrollo de este conflicto jurídico.
La resolución de la Secretaría General de la CAN determinará el futuro de las relaciones comerciales en la subregión. Ecuador mantiene su voluntad de diálogo, pero exige respeto mutuo a los compromisos de cooperación conjunta. La disputa pone a prueba la solidez del marco jurídico andino frente a crisis diplomáticas de esta magnitud.
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