Ecuador ocupa el puesto 113 de 158 países en el Índice de Comercio Ilícito 2025, elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT). El ranking ubica al país como un mercado vulnerable frente a las redes criminales, pese a los esfuerzos de las autoridades.
Los resultados fueron presentados en la 10ª Reunión de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), realizada en Guatemala, con la participación de autoridades regionales y expertos en la materia.
Factores de riesgo en Ecuador
El informe señala que, aunque Ecuador cuenta con marcos regulatorios formales, la implementación es débil y fragmentada. La falta de control en la cadena de suministro y la inseguridad interna favorecen a las organizaciones delictivas. “La sensación de resiliencia institucional se reduce mientras las redes de comercio ilícito continúan creciendo”, concluye TRACIT.
Uno de los casos más graves es el del tabaco ilícito, que representa el 84 % de los cigarrillos consumidos en el país, una de las cifras más altas de la región. El alcohol también muestra pérdidas fiscales significativas: más de USD 100 millones anuales por contrabando, falsificación y producción artesanal no regulada.
Impacto económico y social
El comercio ilícito afecta sectores como el farmacéutico, textil y agrícola, poniendo en riesgo a los consumidores y restando ingresos al Estado. Según TRACIT, las redes criminales utilizan estas ganancias para financiar otras actividades ilegales, muchas de ellas violentas.
Llamado a la cooperación
Durante la cita en Guatemala, los líderes regionales firmaron una declaración que advierte sobre la expansión de las redes transnacionales en América Latina y el Caribe. Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, subrayó que el índice “es más que un ranking: es una herramienta de diagnóstico para que los gobiernos identifiquen debilidades y adopten medidas eficaces”.
El organismo recomienda fortalecer la cooperación público-privada, mejorar la aplicación de la ley y aprovechar herramientas tecnológicas para frenar el avance del comercio ilícito.
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