Por: Felipe Pesantez
En medio de la protesta social y el paro nacional, el presidente Daniel Noboa declaró que “la economía está saludable y el Ecuador apunta a seguir creciendo”. Esta afirmación merece su respectiva reflexión crítica: ¿puede considerarse saludable un país donde los indicadores macroeconómicos enmascaran fracturas estructurales?
Los números revelan una realidad más compleja que el discurso oficial. Cierto, la tasa de desempleo descendió de 3,70% a 3,57% y el PIB creció 2,83%, alcanzando un PIB per cápita de $6.039,3. Sin embargo, estos datos conviven con señales alarmantes: la balanza comercial pasó de un déficit de $98,45 millones a $256,97 millones en apenas dos años, mientras la deuda externa creció 3% hasta $49.327 millones. Más revelador aún: el salario básico de $470 apenas cubre el 57% de una canasta básica que alcanzó los $813,88.
¿Puede proclamarse salud económica cuando el poder adquisitivo real se desploma?
La estabilidad política tampoco respalda el optimismo presidencial. Tras su reelección en 2025 y con mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, Noboa ha logrado aprobar 14 leyes orgánicas sin oposición significativa. El supuesto “bloqueo legislativo” se reveló como ficción política. Paradójicamente, esta eficiencia legislativa coexiste con una pugna abierta contra la Corte Constitucional, que ha declarado inconstitucionales varias leyes emblemáticas de su administración (Seguridad Nacional e Integridad Pública). Los ataques mediáticos y retóricos del Ejecutivo contra el órgano de control constitucional evidencian un proyecto político con tendencias autoritarias que percibe los controles institucionales como obstáculos, no como garantías democráticas.
La protesta indígena en Imbabura y Cotopaxi no surge del vacío ni responde a caprichos políticos. Es consecuencia directa de la eliminación abrupta del subsidio a los combustibles como el diesel, el rechazo a proyectos extractivos en territorios ancestrales, y la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Cuando el costo de vida se dispara y la canasta básica es inalcanzable, la población no protesta contra estadísticas abstractas, sino contra realidades tangibles.
Las sombras sobre la administración Noboa se extienden más allá de lo económico. El caso PetroNoboa y las ventajas tributarias de empresas familiares como el caso de la Exportadora Noboa, plantean interrogantes sobre conflictos de interés. Mientras tanto, la consulta popular de noviembre propone el retorno de bases militares extranjeras y un proceso constituyente, decisiones de largo alcance que se presentan en un contexto de polarización extrema y volatilidad institucional.
Ecuador no está saludable; está sedado. Los indicadores macroeconómicos maquillan una crisis estructural donde persisten déficits comerciales, deuda creciente e inequidad distributiva. La población, arrinconada entre la memoria de la “partidocracia” y la amenaza de la “narcocracia”, es convocada nuevamente a las urnas.
Las preguntas de fondo permanecen sin respuesta:
¿Quién se beneficia de esta narrativa de salud económica?
¿Y cuánto más puede sostenerse esta ficción antes del próximo estallido social?
La opinión de Felipe Pesántez
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