Por: Wilson Benavides, analista político
“Encuentro”, “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, son quizá no solo la demostración más contundente de la infiltración del narco y el crimen organizado en las más altas esferas del Estado, sus organismos de seguridad y tribunales de justicia, sino -sobre todo- en la base misma del tejido social por dos razones centrales.
La primera, la presencia de una institucionalidad informal ligada a economías ilegales que están legitimadas socialemente. La segunda, una ideología dominante donde prima la lógica del dinero fácil, el individualismo y la “ley del más vivo”.
Economías ilegales articuladas, por ejemplo, a temas tan diversos como el contrabando de productos en las fronteras norte y sur, pasando por la compra de celulares de “segundo uso” donde todo el mundo sabe cómo adquirirlos, hasta el consumo de tabacos chinos, como lo explicó -hace un par de semanas- el académico Luis Córdova, en un foro de seguridad organizado por la Universidad Católica, en Quito.
En el plano de las ideas, la creencia internalizada se enmarca en lo que el sociólogo, Zygmun Bauman, denomina “maldad líquida”, que se caracteriza, entre otras cosas, por un desmantelamiento del Estado que se traduce en que son los propios individuos quienes ahora deben gestionar -a su cuenta y riesgo- la solución de sus problemas como la educación, la salud e incluso la seguridad.
Y es justamente en este aspecto donde la institucionalidad informal echa raíces con prácticas como la de los “tramitadores”, las “coimas” o sobornos para hacerse acreedor de un servicio, que en cualquier democracia consolidada debería concretarse de manera oportuna y gratuitamente.
De acuerdo con la última encuesta realizada por la empresa IMASEN con 1500 casos entre el 16 y el 19 de marzo de 2024, a personas entre 16 y 70 años de edad, el 83,9% de encuestados respalda la labor de las Fuerzas Armadas, el 57,4% la gestión de la Fiscal General; el 42,8% de la Policía Nacional; el 39,6% de los medios de comunicación; el 37,9% de los empresarios; el 26,9% al poder judicial; y el 22,6% a la Corte Constitucional.
En este escenario, en la medida en que la desconfianza en la justicia ordinaria y constitucional continúe en esos niveles, es más que evidente que las prácticas informales seguirán legitimándose, más aún cuando de acuerdo con los testimonios anticipados del caso Metástasis, hasta personajes de la farándula estarían involucrados en estas tramas.
Es sorprendente, propio de una novela del realismo mágico, que personas aparentemente comunes y corrientes, sin una exposición pública relevante ni menos aún un puesto de poder importante como Mayra Salazar o el mismo Daniel Salcedo resulten ser los engranajes de una trama de corrupción nunca antes vista, al menos desde la red Peñaranda, donde estuvieron directamente involucrados varios diputados del hoy extinto Congreso Nacional.
Resulta poco creíble que la directora de comunicación de la Corte de Justicia de Guayas haya acumulado tanto poder sin una red invisible de apoyos reales en las más altas esferas políticas del país, así como es inverosímil que un tipo como Salcedo haya actuado solo, primero en la venta ilegal de las vacunas contra la Covid-19 y ahora en los casos investigados por la Fiscalía.
En la práctica, el efecto que esto genera en la sociedad es demoledor en la medida en que pone en jaque una de las condiciones necesarias para el fortalecimiento del tejido social como es la confianza interpersonal. Sin confianza en el Otro, cualquier proyecto colectivo es automáticamente inviable, ya que toda relación social estará marcada por la lógica de la sospecha.
Los casos investigados por la Fiscalía, muestran a cuerpo entero que no es necesario tener el poder formal para poder ejercer un poder real. Demuestran también que el narco, el crimen organizado y la corrupción, cimentaron sus tentáculos sobre una realidad subyacente en la que aparentemente, todo tiene un precio. Espero equivocarme.
La opinión de Wilson Benavides.
