La Cámara de Minería del Ecuador (CME) confirmó este lunes, 19 de mayo, que se llevó a cabo el primer proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el país, para el desarrollo del proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay.
La comunidad consultada fue San Pedro de Escaleras y votó a favor de que el proyecto pase a la etapa de construcción. Entre los requisitos estará contar con la licencia ambiental del Ministerio de Ambiente.
El proyecto Loma Larga está a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, que lo adquirió en 2021 a la también canadiense INV Metals.
La CME dio a conocer que este proceso da cumplimiento a la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Azuay del 2023, y lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el país desde hace más de 20 años que manda a hacer esta práctica.
El mecanismo de participación ciudadana se aplica en proyectos extractivos situados en territorios donde habitan comunidades, comunas o nacionalidades indígenas con ancestralidad reconocida.
Esta consulta previa se inició en junio de 2024, con una planificación liderada por el Ministerio de Energía y Minas, con la asistencia técnica de la OIT.
Aunque la Ley de Consulta Previa aún se encuentra en debate en la Asamblea Nacional, y se reconoce este avance legislativo, desde la Cámara de Minería se destacó que su tratamiento y eventual promulgación aún tomará tiempo.
En ese contexto, la CME recordó que la falta de una ley no justifica el no cumplimiento de un derecho fundamental, como lo han establecido tanto la Corte Constitucional como la OIT.
El abogado constitucionalista y catedrático universitario Emilio Suárez subrayó que con esta consulta “se garantizó el ejercicio de un derecho de la comunidad. Y se dio cumplimiento a los estándares constitucionales e internacionales.”
El proceso fue conducido por el Estado ecuatoriano, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo y la verificación de la Defensoría del Pueblo, institución que ha reportado periódicamente el cumplimiento de la sentencia dictada.
El resultado fue claro y contundente: por consenso, los sujetos consultados se pronunciaron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga.
Este respaldo comunitario permitirá, una vez obtenida la licencia ambiental, el inicio de la fase de construcción del proyecto minero a gran escala.
La inversión estimada supera los 400 millones de dólares, y se proyecta la generación de más de 1.500 empleos durante esta etapa.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó que este proceso marca un antes y un después para el país.
“No solo demuestra que sí es posible cumplir con estándares internacionales en un proyecto minero, sino que evidencia que el diálogo transparente con las comunidades puede abrir camino al desarrollo inclusivo y sostenible”, dijo.
La CME consideró que, en el contexto actual, donde el país ha sido testigo de los efectos devastadores de la minería ilegal, resulta fundamental que la minería responsable avance.
Además, recordó que Ecuador necesita atraer inversión, generar empleo y aprovechar sus recursos naturales de forma legal, planificada y respetuosa de los derechos colectivos. Procesos como este contribuyen a frenar la minería ilegal, que destruye el ambiente, impide el desarrollo y, lo más grave, cobra vidas humanas.
Desde la CME, aplaudieron la voluntad del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía y Minas, así como del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de avanzar por el camino del cumplimiento de derechos y del desarrollo sostenible.
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