Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 se han registrado 349 femicidios en Ecuador, la cifra más alta jamás documentada en el país, equivalente a una mujer o niña asesinada cada 22 horas, según un informe difundido este lunes por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).
De acuerdo con la organización, desde la tipificación del femicidio hace once años, Ecuador suma 2.331 casos. Solo en 2025, las provincias con mayor número de víctimas son Guayas (119), Manabí (61), Los Ríos (40), El Oro (33), Pichincha (20), Esmeraldas (18) y Santa Elena (15).
Cuerpos utilizados como “botín de guerra”
Aldea advierte que la escalada coincide con el fortalecimiento de economías criminales y estructuras delictivas armadas que operan como “corporaciones”, fenómeno descrito por la teórica argentina Rita Segato. En este contexto, sostiene la organización, los cuerpos de las mujeres se han convertido en instrumentos para demostrar poder, marcar territorios, ejecutar venganzas o sembrar terror.
El informe revela que el 78 % de los asesinatos se cometió con armas de fuego, reflejo del control que ejercen grupos criminales en varios territorios del país.
“Hoy, en Ecuador, los cuerpos de mujeres y niñas están siendo utilizados como despojo, botín de guerra. No importa si son hijas, hermanas, parejas, vecinas o transeúntes: para estas estructuras, son cuerpos disponibles para matar. Eso es un femicidio”, señala el documento.
Patrones de violencia extrema y crímenes corporativos
Aldea subraya que los femicidios registrados este año presentan niveles adicionales de saña y crueldad, con cuerpos violentados, descuartizados o expuestos en espacios públicos.
La organización enfatiza que todos los asesinatos de mujeres y niñas en contextos criminales deben ser considerados crímenes corporativos, ejecutados por miembros armados que actúan en nombre de una estructura de poder.
Asimismo, recuerda que delitos como secuestros con resultado de muerte, violaciones seguidas de asesinato, asesinatos de mujeres trans y crímenes contra niñas y adolescentes en entornos delictivos deben ser reconocidos como femicidios.
La justicia está dormida
En su análisis, Aldea denuncia que mientras la violencia crece, las instituciones judiciales permanecen “dormidas”, permitiendo que el machismo se normalice en espacios familiares, comunitarios, laborales y políticos.
Las familias de las víctimas tampoco reciben atención adecuada: “No son víctimas colaterales, son víctimas directas. Urge garantizar justicia y reparación integral, especialmente para hijos e hijas en situación de orfandad”.
En el marco del 25 de noviembre, colectivos feministas convocaron marchas en varias ciudades del país para denunciar la indiferencia estatal.
“Nos encontramos para levantar una sola voz: unidad, justicia y resistencia frente al abandoNO”, afirmó la activista Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio.
Aldea exige que el Gobierno reconozca la magnitud de esta crisis y deje de “ocultar e invisibilizar” cifras. “No hay paz posible mientras la vida de mujeres y niñas siga en riesgo”, concluye el informe.
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