Por: Felipe Pesantez
El silencio ensordecedor del Ecuador ante el genocido en Palestina marca un punto de inflexión histórico en la diplomática ecuatoriana. Por primera vez en 78 años, el país que defendió consistentemente la causa palestina desde 1947 ha optado por mirar hacia otro lado mientras se desarrolla lo que múltiples organismos internacionales han catalogado como genocidio sin precedentes en la Franja de Gaza.
La administración Noboa mantiene relaciones diplomáticas normales con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta situación plantea interrogantes profundos sobre la coherencia de una política exterior que históricamente se construyó sobre pilares como la defensa de los derechos humanos, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el asilo, el refugio y las consideraciones humanitarias.
Las cifras del conflicto son devastadoras y ampliamente documentadas por organizaciones internacionales. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, las víctimas civiles superan las 40.000 personas, con una proporción alarmante de menores de edad. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la crisis nutricional que afecta a más de 60.000 niños menores de cinco años en estado de desnutrición aguda, mientras que el Programa Mundial de Alimentos confirma que aproximadamente un tercio de la población gazatí enfrenta inseguridad alimentaria severa. El Comité para la Protección de Periodistas ha documentado la muerte de decenas de profesionales de la comunicación, convirtiendo a Gaza en una de las zonas más peligrosas del mundo para el ejercicio periodístico.
Sin embargo, estas realidades parecen no resonar en Carondelet. La pregunta central es qué motivó este giro radical en la posición ecuatoriana. La respuesta se encuentra en los acontecimientos de 2024, cuando Ecuador, ejerciendo su membresía no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, votó inicialmente a favor de resoluciones propalestinas, incluyendo el cese al fuego y el reconocimiento de Palestina como Estado observador. La reacción israelí fue inmediata: una queja formal que, cinco meses después, transformó el voto ecuatoriano de apoyo a abstención sistemática.
El caso más ilustrativo de este cambio fue la abstención ecuatoriana en septiembre de 2025 ante la resolución A/80/L.1/REV.1, que exigía la retirada de fuerzas israelíes de territorios palestinos ocupados, la paralización de asentamientos ilegales, y la adopción de sanciones contra quienes mantengan la ocupación.
Mientras el 74% de los países miembros de la ONU votaron afirmativamente, Ecuador optó por la abstención junto con Guatemala, alineándose implícitamente con las posiciones de Israle, Estados Unidos, Argentina y Paraguay, que votaron negativamente.
Esta reorientación diplomática no ocurre en el vacío. Se enmarca en un contexto de acercamiento estratégico con Israel que se ha materializado en tres iniciativas específicas durante 2025. La primera, de carácter académico, fue la apertura del Centro de Innovación y Emprendimiento “Ecuador” en la Universidad Hebrea de Jerusalén, presentada como un espacio de cooperación tecnológica y transferencia de conocimiento. La segunda, de naturaleza securitaria, consistió en el decreto ejecutivo que clasificó a Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, considerándolas amenazas al orden constitucional ecuatoriano. La tercera, y quizás la más controversial, fue la contratación de Palantir Technologies Inc. por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
La incorporación de Palantir Technologies al aparato estatal ecuatoriano merece un análisis detenido. Esta empresa estadounidense, especializada en análisis de datos masivos e inteligencia artificial, mantiene contratos multimillonarios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la CIA y las fuerzas de seguridad israelíes. Su tecnología ha sido utilizada en operaciones militares en Afganistán, Irak y, según reportes de medios especializados, en el desarrollo de sistemas de vigilancia y targeting utilizados por Israel en Gaza. La plataforma Gotham de Palantir permite el análisis predictivo de patrones de comportamiento, la identificación de objetivos y la coordinación de operaciones militares en tiempo real.
Lo preocupante del acuerdo ecuatoriano con Palantir no radica únicamente en las implicaciones geopolíticas o aduaneras, sino en la absoluta falta de transparencia que lo rodea. Los términos contractuales permanecen clasificados, desconociéndose los montos involucrados, los plazos de operación, los tipos de datos que procesará la empresa, las garantías de protección de información ciudadana y los mecanismos de supervisión estatal. Esta opacidad es particularmente grave considerando que Palantir tendrá acceso a información sensible del sistema aduanero y de telecomunicaciones del país.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la situación presenta dilemas complejos. Ecuador como Estado Parte del Estatuto de Roma, Ecuador tiene obligaciones específicas respecto a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Si bien el derecho internacional no prohíbe mantener relaciones diplomáticas con países cuyos líderes enfrentan procesos judiciales internacionales, sí establece principios sobre la cooperación judicial y el no otorgamiento de impunidad a presuntos criminales de guerra.
El contraste con la tradición diplomática ecuatoriana es evidente. Durante décadas, Ecuador construyó su prestigio internacional defendiendo principios que ahora parecen sacrificarse en el altar del pragmatismo geopolítico. La administración Noboa y la canciller María Gabriela Sommerfeld enfrentan el desafío de explicar esta transformación no solo a la opinión pública ecuatoriana, sino a los aliados tradicionales del país en la región y en el sistema multilateral. La pregunta de fondo es si Ecuador está dispuesto a sacrificar su credibilidad como defensor histórico del derecho internacional y los derechos humanos a cambio de una alianza tecnológica-militar cuyas implicaciones permanecen en la sombra.
La geopolítica contemporánea exige decisiones complejas, pero también demanda transparencia democrática y coherencia con los valores constitucionales. Cuando la ministra Sommerfeld declaró que “Ecuador rechaza los actos terroristas del 7 de octubre de 2023 y apoya a Israel a recuperar sus rehenes” sin mencionar una sola palabra sobre las víctimas civiles gazatíes o la violación del derecho internacional humanitario, no solo reflejó un cambio de posición diplomática, sino una transformación en la concepción misma del papel de Ecuador en el mundo. Un papel de complicidad fáctica ante violaciones sistemáticas de sus socios.
El futuro dirá si esta reorientación responde a una estrategia coherente de inserción internacional o si simplemente refleja la subordinación de la política exterior a intereses que permanecen ocultos para la ciudadanía. Lo que es indiscutible es que el Ecuador de 2025 ha roto con una tradición diplomática de casi ocho décadas, y las consecuencias de esta ruptura apenas comienzan a manifestarse.
La pregunta final que queda flotando en el aire es inquietante: ¿está Ecuador entregando en bandeja de plata la información personal de todos sus ciudadanos a una empresa tecnológica directamente vinculada con operaciones militares en Gaza?
En el contexto actual, todo parece posible.
La opinión de Felipe Pesántez
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