El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo atribuyó la desaparición de cuatro menores en Guayaquil a grupos delincuenciales y rechazó la vinculación de las Fuerzas Armadas con los hechos “para debilitar el trabajo de las fuerzas del orden”.
“Ecuatorianos, compartimos con ustedes el mismo sentimiento de indignación y preocupación ante la desaparición de cuatro menores de edad en la provincia de Guayas, por parte de grupos delincuenciales”, aseguró Loffredo en un video transmitido por el perfil en X del Ministerio de Defensa y donde apareció acompañado por el alto mando militar y policial, así como por la ministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Gobierno, José De La Gasca.
Loffredo denunció que “calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”.
“Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación se ha utilizado con intereses políticos y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las fuerzas armadas con grupos delincuenciales para debilitar el trabajo de nuestras fuerzas del orden, generar el caos, desmoralizar la lucha que se viene dando y maliciosamente hacer que la ciudadanía censure a una institución que está enfrentando al narcotráfico el crimen organizado y a las mafias que lo protegen”, reiteró.
Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, se sumó a la solidaridad con los padres de los menores y aclaró que “debido a la información que se vierte en medios de comunicación y redes sociales, en donde uno de los padres afirma haber conversado con uno de sus hijos luego de la intervención militar, se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición”, dijo.
Asimismo, mencionó que “respecto de presuntos abusos de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones, ni va a encubrir hecho alguno”, aseguró.
Vela anunció la conformación del Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares.
De igual manera, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, destacó que “quien dirige la investigación penal es la Fiscalía General del Estado y tiene carácter de reservada, según la Ley”.
“La Policía Nacional es un órgano auxiliar y como tal ha recibido a dos delegaciones, la primera el 9 de diciembre de 2024 ante la denuncia de uno de los padres de familia por el delito de secuestro y la segunda el 18 del presente mes por desaparición involuntaria. Aclaro lo anterior ante afirmaciones que darían por sentado que la Fiscalía no había enviado activación a la Policía Nacional”, insistió Zárate.
También ratificó que han colocado todas sus capacidades investigativas para resolver el presente caso, “porque el compromiso de la Policía Nacional es con el Ecuador”.
Esta tarde, la Fiscalía General del Estado remitió el caso a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, con sede en Quito, para “garantizar una investigación imparcial y técnica, que se enfoque en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de justicia en casos de alto impacto donde se presume el involucramiento de agentes estatales”.
La institución judicial aclaró que esta unidad, se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.
Mientras tanto, la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes informó este sábado, 21 de diciembre, que inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Defensa, para obtener respuestas sobre la participación y el procedimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición de cuatro menores en Guayaquil.
A través de su perfil en X, esa mesa de trabajo legislativa detalló que realizó un requerimiento de información dirigido al titular de esa cartera de Estado, Gian Carlo Loffredo, para que brinde detalles sobre la intervención militar es este caso y sobre las gestiones que se están desarrollando para esclarecer los hechos.
“En el marco de esa situación, este lunes 23 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional exigirá respuestas a los titulares del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, reveló un comunicado.
Los adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en un supuesto operativo militar.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
El caso ha conmocionado al país luego de conocerse las denuncias en las redes sociales, lo cual motivó el pronunciamiento de varios actores políticos y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que exigen al gobierno investigar el paradero de los menores.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil también presentó una demanda ante la justicia nacional y solicitó una acción urgente al Comité de Desapariciones de la ONU ante el paradero desconocido de cuatro menores tras un presunto operativo militar en la zona.
