El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional este miércoles dos proyectos de ley con carácter económico urgente, enfocados en la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía.
Las iniciativas fueron ingresadas por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, y son los primeros proyectos enviados por el Ejecutivo en 2026.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la Asamblea dispone de un plazo de 30 días para su trámite en dos debates, para lo cual se requieren al menos 77 votos.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que estas iniciativas forman parte de una agenda legislativa más amplia, anunciada tras los resultados del último referéndum y consulta popular, y que contempla el envío de varias leyes urgentes a lo largo del año.
Parlamento confirma que recibió las propuestas del Ejecutivo
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, confirmó que el Legislativo ya recibió los dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. Señaló que la primera iniciativa apunta a ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que una mayor proporción de recursos se destine a obra pública y servicios para la ciudadanía.
Respecto al segundo proyecto, Olsen indicó que busca fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, considerados clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal. Añadió que ambas propuestas serán tratadas con responsabilidad, diálogo y dentro de los plazos que establece la ley.
Reforma al COOTAD: más inversión y control del gasto en los GAD
El primer proyecto, denominado Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, introduce una regla fiscal clara y verificable para priorizar la inversión pública local frente al gasto corriente.
El objetivo central, según el Ejecutivo, es que los GAD destinen progresivamente al menos el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y a la provisión de servicios públicos básicos.
La aplicación será gradual: 60 % en 2027, 65 % en 2028 y 70 % desde 2029, con un régimen diferenciado para juntas parroquiales rurales pequeñas. El Gobierno Nacional sustenta la urgencia en que, entre 2021 y 2024, la inversión promedio de los GAD en infraestructura y servicios básicos se mantuvo por debajo del 40 %, lo que ha profundizado brechas en agua potable, saneamiento, vialidad y gestión de residuos UE GAD.
El proyecto incorpora mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas, como anexos obligatorios en las proformas y reformas presupuestarias, verificación en las fases de formulación, ejecución y liquidación, publicación trimestral de información para control ciudadano y responsabilidades administrativas y civiles por incumplimiento UE GAD.
Minería y energía: inversión, seguridad jurídica y continuidad productiva
El segundo proyecto, denominado Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, apunta a remover trabas regulatorias, reducir la fragmentación normativa y fortalecer la seguridad jurídica, factores que han ralentizado proyectos, reducido inversión y facilitado la expansión de la minería ilegal.
En minería, la iniciativa simplifica procedimientos administrativos, reduce plazos y elimina cargas consideradas desproporcionadas.
Además, introduce mecanismos de promoción de inversión —como clústeres mineros integrales— y mejora la trazabilidad y priorización territorial de la renta minera, para que los recursos se traduzcan en inversión social verificable, amplíen la base fiscal y desincentiven la informalidad, sin crear nuevos tributos ni aumentar el gasto público UE Minería y Energía.
En electricidad, la reforma habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al operador privado y preservando liquidez pública.
De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo es evitar racionamientos, diversificar la matriz energética, incorporar energías renovables y reducir la vulnerabilidad a choques climáticos, luego de pérdidas económicas significativas registradas en 2023 y 2024 por déficit eléctrico.
La última ley económica urgente tratada por la Asamblea fue enviada por el Gobierno en octubre de 2025 y estuvo relacionada con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incorporando incentivos tributarios y facilidades para donaciones destinadas a la seguridad interna. Esa normativa fue aprobada a finales de ese mismo mes.
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