El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sancionó este martes a los asambleístas Roberto Cuero y Ronal González, integrantes de la bancada RC5. Las autoridades legislativas aplicaron suspensiones temporales sin remuneración tras calificar sus conductas como inapropiadas y ofensivas.
Sanción por ofensas y altercados con militares
Roberto Cuero cumplirá una suspensión de 30 días sin sueldo por cometer una falta administrativa grave. El organismo basó su decisión en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La sanción surge tras una queja del asambleísta oficialista Sergio Peña, quien denunció expresiones descalificadoras en su contra.
Además, el CAL analizó un video viralizado recientemente donde Cuero protagonizó un incidente inadecuado contra miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, enfatizó que no tolerarán actos de intimidación ni amedrentamiento. Olsen aseguró que ningún legislador puede utilizar su cargo para situarse por encima de las leyes vigentes.
Reincidencia y suspensión para Ronal González
El legislador Ronal González enfrentará una sanción más severa de 31 días fuera de sus funciones. El CAL calificó su infracción como “muy grave” debido a su comportamiento sistemático y reincidente dentro del Parlamento. Esta medida responde a una queja presentada por Jorge Chamba, representante de la bancada de Gobierno (ADN).
La hoja de vida de González ya registraba una suspensión de 60 días en junio de 2025. En aquella ocasión, el asambleísta recorrió los pasillos del Legislativo utilizando un megáfono para gritar insultos. El Consejo determinó que estas acciones afectan directamente el orden y el desarrollo normal de las actividades parlamentarias.
Archivo de queja contra Andrés Castillo
Durante la misma sesión, los miembros del CAL revisaron la denuncia de Liliana Durán contra el legislador Andrés Castillo. Sin embargo, el organismo decidió archivar el proceso tras analizar los descargos presentados por las partes. El informe técnico concluyó que las pruebas no demostraron la existencia de una falta disciplinaria. Por consiguiente, el Consejo garantizó el debido proceso y desestimó cualquier castigo contra Castillo.
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