Por Karen Garzón-Sherdek
¿Acaso puede haber un dictador cool? Esta ilógica descripción con la que se autopersive en Twitter el presidente salvadoreño Nayib Bukele no es solo alarmante, sino que constituye también una falta de respeto a la democracia y al Estado de derecho. Pero ¿qué llevó a que un mandatario joven que asombró con su innovadora campaña electoral amenace hoy por hoy a la independencia de los poderes del Estado y tenga al país centroamericano en el borde del autoritarismo?
El presidente más joven de América Latina fue posesionado en junio de 2019. Con un escenario con altos índices de asesinatos, corrupción y pobreza logró capitalizar el descontento contra los partidos tradicionales. A través de redes sociales empató rápidamente con la juventud e impuso una forma “diferente” de hacer política. Mientras The Economist vaticinó que Bukele será el primer dictador millennial, su aceptación continúa siendo sorprendentemente muy alta -alrededor del 80 por ciento-. Sin embargo, mientras su discurso ha calado a la población y no tiene reparos en gobernar a través de su celular, algo más está ocurriendo en El Salvador.
La irrupción del Parlamento por militares para que se apruebe un préstamo para combatir las pandillas vaticinó lo que vendría. En febrero de 2021, el partido oficialista Nuevas Ideas se alzó con la mayoría en el parlamento para el periodo 2021-2024 con 56 de 84 escaños y pronto se puso por encima de los poderes del Estado. Una vez posesionado el nuevo Congreso, destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, quedando sin contrapeso el ejecutivo, legislativo -donde ahora tiene mayoría- y judicial. Frente a las críticas internacionales por esta acción, el primer mandatario indicó en sus redes sociales: “con todo respeto, no es de su incumbencia”. Así, Bukele ha creado un sistema judicial “a la medida” y se ha caracterizado por no aceptar críticas y está cumpliendo paso a paso el protocolo de cómo convertirse en un dictador, algo que no es nuevo en nuestra región. No obstante, lo que ha impresionado a expertas y expertos es la velocidad con la que lo está haciendo. En apenas dos años, El Salvador se ha quedado sin separación de poderes, haciendo que la ciudadanía pierda todas las garantías constitucionales.
A esto hay que sumar el hecho de que en semanas atrás la Sala Constitucional aprobó la reforma constitucional que establecía que “el presidente puede ser candidato, siempre y cuando no haya sido presidente en el período inmediato anterior”, habilitando así su reelección inmediata para 2024. Esto se contrapone a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) la cual resuelve que la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y hace referencia a que la alternancia en el ejercicio del poder constituye uno de los pilares de la democracia. Esta opinión consultiva ha sido totalmente pertinente frente a las aspiraciones personales de varios caudillos de nuestra región.
De acuerdo a Daniel Zovato, El Salvador ha pasado de ser una democracia de baja calidad para convertirse en un régimen híbrido con crecientes rasgos autoritarios. Así, lo que se avizora para este país preocupa de sobre manera puesto que se prevé que la siguiente factura la paguen los medios de comunicación y la oposición. Es imperativo recordar lo que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez respecto a la eliminación de los contrapesos y lo que está haciendo Daniel Ortega con la oposición. Como comunidad internacional debemos evidenciar estas acciones de El Salvador que laceran y afectan la democracia de la región.
Finalmente, indigna la ironía con la que días atrás el primer mandatario Bukele colocó en su descripción de Twitter: “el dictador más cool del mundo mundial”, respondiendo a la serie de críticas nacionales e internacionales haber desmantelado la justicia, buscar la concentración de poder y haber realizado la precitada reforma constitucional. No podemos olvidar la historia de nuestra región y tampoco podemos permitir que se laceren los principios y valores democráticos de un país.
