Por: Rebeca Illescas
La falta de entendimiento de lo que implica el Estado, en términos de gestión pública, les pasa factura a varios gobiernos. La gestión pública, entendida como el asentamiento de una visión de país en un plan de gobierno con estrategias y objetivos que aterrizan en planes, programas y proyectos, es donde el quehacer político adquiere sentido.
Sin embargo, hemos pasado los últimos años en el famoso relato del “Estado obeso” y lo recortes estatales, buscando con acciones estatales desarticuladas, fusionar instituciones, acortar procesos y disminuir presupuestos. Decisiones gubernamentales que, como un mantra, han traído consigo la ruptura misma de la gestión pública, ocasionando en el proceso, falta de presupuesto y ejecución de los mismos, falta de planificación y, por supuesto, ninguna claridad sobre la visión del país que queremos.
Hace más de 15 años, tuvimos que enfrentar un mandato minero, donde, de manera “creativa”, asambleístas del momento decidieron hacer una irrupción en las actividades mineras, pasando por alto no solo compromisos jurídicos sino el propio sentido común. El Gobierno de ese entonces tuvo que aprender y entender la importancia, no solo de tener una política de recursos naturales adecuada, sino de la oportunidad que estas industrias representan para países como los nuestros, donde la pobreza es vergonzosa.
El petróleo representa, históricamente, entre el 10% y el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador. Mientras que, la minería es hoy el tercer rubro de las exportaciones no petroleras del país. Según el último reporte del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y octubre de 2023, las exportaciones mineras habían alcanzado un valor de USD 2.938MM, lo que representó un crecimiento de 27% frente al mismo período de 2022. En este sentido, la dolarización –quizás uno de los pocos acuerdos nacionales que tenemos– se sostiene en gran parte con dólares de estos sectores precisamente.
No somos, históricamente, un país minero industrial, pero hemos intentado, en los últimos años, serlo. Con apenas dos minas en producción, Fruta del Norte y Mirador, la minería representa el cuarto producto de exportación rubro de las exportaciones mineras en el tercero de no petroleras, y el primero de no tradicionales. Pasando de USD 234MM en 2019 a USD 2.938MM.
De manera adicional, entre enero y mayo 2023, el sector minero ha aportado en recaudación tributaria con USD 465MM. Así, la minería es la actividad económica que más inversión extranjera directa trae al país. Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el segundo trimestre de 2023 había 36.721 empleados directos en el sector minero. A su vez, esto genera 110.164 empleos indirectos. Esto implica una relación profunda en el desarrollo económico del país, tanto en exportaciones, como en impuestos e inversiones, que se tejen sobre todo en territorio.
Por lo que, la lectura de estos datos no solo debe observarse como cifras macroeconómicas para que técnicos discutan sobre el aporte del sector, sino que, también representan más educación, más salud y mejor calidad de vida en zonas del país que han sido olvidadas estructuralmente.
Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar a Zamora Chinchipe, no había podido volver –la pandemia no colaboró– y regresé con el corazón agradecido. Pude corroborar que es la provincia que más logró reducir el porcentaje de pobreza desde 2019, de acuerdo con datos del INEC. La pobreza en esa provincia se redujo 13 puntos porcentuales, si se compara 2019 con 2021, y llegó al 30 %.
Es decir, antes, 43 de cada 100 habitantes eran pobres y esa cifra pasó a 30 de cada 100. Adicionalmente, los índices de inseguridad son de los más bajos del país, lo que demuestra que puede existir una correlación entre la formalidad de la industria y el menor incentivo para delinquir. Los jóvenes tienen una esperanza, trabajo, y mejor calidad de vida. Viendo eso solo puedo pensar que todo tiene sentido.
Pero no debemos alegrarnos tanto con estos buenos resultados. Primero porque este es un esfuerzo de muchos años, de mucha gente comprometida por hacer un mejor país. La minería industrial se hace a largo plazo, por esto, NO debe responder a coyunturas políticas. Debemos exigir una planificación a largo plazo que además sea participativa y co-construida desde la sociedad civil. La participación activa y el respeto a las decisiones de las comunidades son cruciales para el éxito de los proyectos mineros y en el éxito de los proyectos de gobiernos nacionales. La relación entre el Estado, las mineras y las comunidades locales debe basarse en la confianza y el respeto. Esto es un proceso que debe construirse desde la viabilidad de una visión institucional clara para todos.
A la fecha y, de acuerdo al trabajo impulsado hace algunos años, ya deberíamos tener cinco proyectos en producción y la minería debería representar más del 4% del PIB, es decir que, en seis años no hemos avanzado nada. En los últimos dos años, el expresidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 151 que pretendía ser una política minera—no lo era claramente— pero tenía la intención de impulsar y ordenar el sector. Incluso tenía fechas específicas que exigían a las autoridades dar cumplimiento a estas disposiciones, nada más alejado de la realidad de la gestión pública. Como resultado, nunca se cumplió con las “instrucciones” del Presidente y ocasionó mayor confusión sobre el sector en la opinión pública.
Como hemos visto, al existir poco entendimiento sobre la gestión pública, el abandono del sector, en sentido técnico y político, derivó en el constante cambio de autoridades y, con ello, aún menor claridad sobre las políticas públicas sectoriales. Esto a su vez, profundizó la debilidad institucional del Estado en territorio, no solo entendida como la capacidad de ejercer la ley, sino también como la capacidad de generar políticas públicas: salud, educación y empleo para la población. Causando facilidades para el desarrollo económico ilegal (Encadenamientos productivos ilegales y legales) como la minería ilegal.
Esta es una economía delictiva territorializada—700 focos en 22 provincias un riesgo, debido a la incapacidad estatal para gestionar y controlar territorio. Permitiendo el paso de economías ilegales a legales, de manera efectiva (lavado de activos) y siendo eficaz en generar burbujas económicas en territorios con alta pobreza, transformándose en gobernanzas criminales a mando del Crimen Organizado Transnacional (COT).
Como el dicho dice “en el caos, reina el más vivo” y, en este caso, el COT y los interesados en que nunca se desarrollen proyectos que puedan controlar el territorio de estas mafias. Planteándonos una triste realidad que se desborda en todo el país y, poniéndonos en términos ambientales, en el peor de los mundos.
Frente a estas circunstancias, hay aún empresas serias que están esperando que las promesas del presidente Noboa se materialicen, inversiones comprometidas por más de USD 1200 millones solamente para exploración, y posiblemente más de USD 4000 millones en posibles nuevas minas, en un país que se ahoga en la pobreza y la inseguridad. Solo basta ir a Zamora Chinchipe y entender que la minería industrial controlada y bien hecha puede ser un camino de mejorar condiciones de vida que confió alejarán a los jóvenes de la delincuencia.
Estoy convencida que el presidente Noboa, sabe la importancia del sector. No obstante, hemos escuchado tantas veces que estos sectores no son prioridad que, políticamente, son un riesgo, que veo con desdén el futuro del sector minero. Siempre existirán justificaciones para seguir postergando el avance de inversiones ya comprometidas. Esto, aunque pueden generar no solo miles de empleos y cientos de encadenamientos productivos, sino, en términos macroeconómicos, ser una de las pocas industrias que en el corto plazo puede aliviar los problemas económicos y de seguridad en el país, entonces me pregunto ¿por qué no es una prioridad?
Necesitamos entonces recuperar la política como la gestión pública de una visión clara del país. Para eso necesitamos confianza, compromiso y diálogo entre todos. Confío en que mujeres talentosas como la nueva Ministra Andrea Arrobo pueda impulsar una verdadera política y gestión minera. Confío que la Asamblea Nacional sea responsable con el país. Confío en que todas las diferencias sobre el desarrollo del sector, puedan estar sentadas en procesos de diálogo permanente, para encontrar juntos como sociedad un camino claro. Un camino para aportar a que todos, especialmente las y los jóvenes crean en la posibilidad de un mejor Ecuador.
Opinión, en Primera Plana.