Una reflexión sobre la erosión democrática y prácticas absolutistas en Ecuador
Por: Felipe Pesantez
Solo las monarquías absolutistas, los totalitarismos, las dictaduras socialistas, los autoritarismos de izquierda y derecha, y los populismos buscan la eliminación sistemática de pesos y contrapesos. En el Ecuador del siglo XXI, asistimos una vez más a esta peligrosa dinámica. Volvemos a la gran disputa entre pesos y contrapesos en un Estado de derecho. Regresamos a la dinámica del poder acaparador frente a su división natural y constitucional. Retornamos a los tiempos de la “vieja política” donde el ejecutivo arremete contra la Corte Constitucional, tildándola de “enemiga del pueblo”.
Repetimos, con asombrosa precisión, la receta aplicada por Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso: CONTROLAR, MANIPULAR, DESTITUIR y ENJUICIAR a la Corte Constitucional. Cada administración reproduce este patrón autoritario como si no conociéramos nuestra historia, condenándonos a repetirla con cada cambio de gobierno. Esta amnesia histórica revela algo más profundo: la persistente tentación del “príncipe criollo” que, investido de poder democrático, aspira al ejercicio absolutista del mismo, esperando que sus “súbditos mestizos” acepten sumisamente esta deriva autoritaria.
La Corte Constitucional, asediado por el ejecutivo y legislativo
Las 23 demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia, y de Integridad Pública no son casualidad. Estos cuerpos normativos, aprobados por “ilustres” asambleístas y avalados por el ejecutivo, evidencian una pregunta fundamental: ¿para quién legislaron?
La respuesta se encuentra en la reacción del poder cuando sus excesos son cuestionados. El ejecutivo, sin recato alguno, apuntó contra los nueve jueces constitucionales, criticándolos por estar “entronizados” y por “tirar las leyes que protegen a los ciudadanos”. Los calificó de cobardes por no dar sus caras y ocultar sus nombres, en una retórica que evoca los peores momentos del caudillismo latinoamericano. Los apéndices de la administración completaron la embestida: el Ministerio de Gobierno tildó a la Corte de “enemigo público”, mientras el Ministerio del Interior avaló la estigmatización de los jueces en vallas publicitarias.
Esta última acción es particularmente irresponsable y peligrosa, pues expone la seguridad e integridad física de los magistrados, socavando su independencia ante la presión del “ojo público”. La Asamblea Nacional, con Niels Olsen a la cabeza, completó la pinza autoritaria. Con tono desafiante, entregó una especie de “ultimátum” a la Corte: que elija de qué lado quiere estar. Esta frase, aparentemente inocua, encierra la esencia del pensamiento autoritario: no existe la independencia judicial, solo la lealtad o la traición al poder de turno.
El despertar del súbdito
Cabe preguntarse: ¿se han vuelto los ecuatorianos sumisos o permisivos ante estos embates? ¿Desde cuándo se permite al ejecutivo actuar sin límites constitucionales? ¿Por qué persiste el encanto ante la figura del “caudillo” o del “príncipe criollo” que se presenta como quien “todo lo puede hacer siempre y cuando me dejen actuar a mi antojo”? Estas preguntas revelan una verdad incómoda: Ecuador parece ser una incubadora persistente de gobernantes autoritarios disfrazados de demócratas. El fenómeno trasciende colores políticos y se enraíza en estructuras mentales coloniales que reproducen la relación señor súbdito en el contexto republicano.
La respuesta del poder ante la resistencia constitucional ha sido previsible: una campaña sistemática de desprestigio y narrativas falsas. Presidente, ministros, asambleístas de ADN, funcionarios públicos, militantes convencidos y oportunistas estimulados por intereses económicos han construido un “enemigo nuevo” para el colectivo ciudadano. Este enemigo es la Corte Constitucional, presentada como obstáculo para las leyes que “garantizarán el orden y la seguridad” y alcanzarán la “paz” en este autoproclamado “conflicto interno armado”. La narrativa es binaria y totalitaria: quien no comulgue con la visión securitista de la administración es considerado “enemigo” de la administración en turno.
La marcha ciudadana liderada por el presidente y respaldada por los asambleístas de ADN, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, anticipa la narrativa final: la Corte como enemiga de los ecuatorianos.
Consecuencias de un absolutismo criollo
Esta deriva autoritaria es tremendamente peligrosa para Ecuador por múltiples razones:
Institucionalmente, politiza la Corte y compromete la seguridad jurídica del país. Constituye una agresión directa a la autonomía judicial y establece un precedente peligroso para futuros gobiernos. Jurídicamente, representa una persecución sistemática al ordenamiento internacional de derechos humanos y una descalificación del constitucionalismo democrático. Políticamente, es una estrategia oportunista que busca legitimarse ante adversarios en momentos críticos: el caso Progén, la consulta popular, y otros conflictos que requieren independencia judicial. Internacionalmente, daña la imagen de un país que pretende proyectar seguridad jurídica para la inversión y el desarrollo.
Potencial peligro
El país se encuentra ante otra variante de autoritarismo, esta vez de derecha, caracterizado económicamente por reducir el tamaño del Estado mientras políticamente exhibe rasgos absolutistas propios de las monarquías que buscan controlarlo todo bajo su manto de poder. Este “príncipe criollo” contemporáneo combina la retórica democrática con las prácticas absolutistas, esperando que los “súbditos mestizos” acepten esta contradicción como natural. Es la reproducción, en pleno siglo XXI, de las estructuras coloniales de dominación adaptadas al lenguaje republicano.
Ante gobernantes con estas pretensiones hay que mantener la máxima vigilancia. La democracia no se defiende sola; requiere ciudadanos activos, instituciones fuertes y una cultura política que valore los contrapesos por encima de la eficiencia autoritaria. La Corte Constitucional, con todos sus defectos, representa hoy el último bastión de la división de poderes. Defenderla no es defender a nueve personas, es defender la posibilidad misma de vivir en democracia.
Tengamos en cuenta que la historia juzgará si supimos estar a la altura de este momento decisivo para la institucionalidad democrática del Ecuador.
La opinión de Felipe Pesántez
Post relacionados
