El penalista Jorge Luis Ortega criticó que el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública es inoficioso y carece de técnica jurídica. Por ejemplo, señaló que el artículo 27 – que trata sobre la reforma al 530 del Código Orgánico Integral Penal y que habla sobre la detención- adiciona que para una detención la decisión judicial se adoptará por escrito sin necesidad de audiencia. Sin embargo, Ortega recordó que “jamás ha existido una audiencia para que se admita una solicitud de detención solicitada por Fiscalía a los jueces”. Así, dijo que esto refleja que quienes construyeron la norma ni siquiera conocen sobre la práctica procesal.
En ello no coincidió la jurista Soledad Montero quien aseguró que el proyecto de ley hace un análisis sobre las tasas de homicidios de 2020 a 2021. Así, dijo que leyendo el proyecto “parece que logra fortalecer y poner en una sola normativa todo lo disperso sobre cómo debe actuar la Policía, Fuerzas Armadas y guardias carcelarios”.
A pesar de ello, resaltó que el problema no es normativo, sino de convicción, decisión y acción. “La seguridad tiene que estar fijada por el estado como una política pública”, dijo Montero. Además, mencionó que existen varios estudios que ponen ejemplos claros de cómo afrontar esta problemática. “Me preocupa que estemos tratando este tema como un tema solo político o legal, cuando va más allá. El delito es multifactorial, existen delitos de crímenes organizados y urbanos”, indicó.
Ortega coincidió que la inseguridad ciudadana no es un problema normativo. Así, enfatizó que existen muchas leyes o normas que permiten su adecuada aplicación y que podrían mitigar y controlar la inseguridad. “Si se aplican bien las normas, evitaríamos la impunidad que es una de las razones por las que se incrementa la inseguridad”, añadió. Así, dijo que, si el delincuente sabe que no va a ser judicializado, eso va a propiciar un incremento en su acción criminal.
Estado fallido
Para Montero, la ciudadanía vive en un Estado fallido que no garantiza la seguridad que constitucionalmente debe darse. Así, indicó que se ha posicionado políticamente una postura. “Eso es peligroso porque a la seguridad hay que enfrentarla de manera frontal, con decisión, con políticas públicas. El Estado debe coordinar con todas las instituciones que la seguridad no solo se plasme en la ley ni que veamos a los entes de seguridad como los encargados de brindar soluciones”, dijo.
