El Servicio de Rentas Internas (SRI) dio a conocer este 16 de junio que inició acciones de control dirigidas a asegurar la recaudación del Impuesto a la Renta Único (IRU) sobre la utilidad en la venta de acciones. Esta decisión se enmarca en la política fiscal del Gobierno que también fue anunciada por la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo. Está orientada a cerrar las brechas de incumplimiento tributario y fortalecer las finanzas públicas.
Los controles del SRI están dirigidos principalmente a empresarios con grandes patrimonios que mantienen participaciones societarias. Por ello, la institución inició procesos de fiscalización a varios casos, por lo que los contribuyentes deberán pasar por las instancias correspondientes para declarar y pagar lo que les corresponde.
El IRU grava con el 10% la utilidad obtenida en la transferencia de acciones. Es decir, el margen de ganancia que un accionista obtiene al vender sus títulos societarios.
Cerca de 300 contribuyentes cumplieron con esta obligación de forma voluntaria, lo que representó una recaudación promedio de $30 millones anuales. Sin embargo, el SRI identificó un universo potencial de 6.000 contribuyentes que aún no han declarado el impuesto, que podrían generar una recaudación de $50 millones en este año.
Además, según la información que tiene el SRI, actualmente en el Ecuador existen más de $29 mil millones de dividendos sin distribuir entre accionistas, por lo que el SRI refuerza el control para garantizar la adecuada tributación del impuesto sobre estos dividendos.
“Para fortalecer esta gestión, el SRI y la Superintendencia de Compañías retomarán el convenio de cooperación interinstitucional, que administraciones anteriores de ambas entidades dejaron sin efecto, con el fin de cruzar información y detectar casos de omisión o subdeclaración”, señaló la institución en un comunicado.
“El SRI recuerda que el Código Integral Penal establece que cualquier acto de simulación, ocultamiento, falsedad o engaño, que lleve a error a la Administración Tributaria constituyen delitos sancionados con penas de hasta 10 años de prisión”, añadió.
Además, el SRI seguirá ejecutando acciones contempladas dentro de su Plan de Control para atacar, denunciar y sancionar conductas defraudatorias de contribuyentes con altos patrimonios que ocultan el valor real de sus acciones para no pagar los impuestos que les corresponden.
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