En 2018, el Municipio de Quito suscribió un acuerdo con la empresa publicitaria Sarmiento para la explotación de mupis, los paneles de publicidad en las paradas, repartidos por toda la capital.
Andrés Segovia, procurador metropolitano, informó: “Era un contrato nulo. No tenía aprobación del Concejo, fue observado por la Procuraduría General del Estado y, aun así, se ejecutó”.
Durante ocho años, la empresa colocó sus anuncios, vendió sus espacios, lucró, pero el Municipio apenas recibió $12 mil en ese periodo. Según lo estipulado, debían ingresar aproximadamente $1,2 millones por año.
El contrato fue declarado nulo por la Procuraduría General del Estado. Actualmente, la empresa adeuda entre los $11 y 12 millones, pero con intereses y recargos suma ya $76 millones. Las autoridades han emitido títulos de crédito y preparan medidas más drásticas, enajenación de bienes, congelamiento de cuentas, incluso prohibición de salida del país para los responsables.
Entre las irregularidades, una de las cláusulas exigía que, en un radio de 200 metros en zonas como la avenida Naciones Unidas y Amazonas, no se permitiera ninguna publicidad que no fuera de la empresa Sarmiento.