En seis meses, la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario deberá remitir sus observaciones con conclusiones y recomendaciones al Ejecutivo sobre la situación en las cárceles del país. Uno de los primeros hallazgos que alertaron a los miembros de la agrupación fue que 9.000 personas se encuentran recluidas con prisión preventiva. Así lo comunicó Nelsa Curbelo.
La Comisión no solo analizará la situación penitenciaria, sino que también brindarán alternativas a problemáticas concretas de la prisión. Así, Curbelo destacó que los miembros son personas que tienen diferentes experticias. “Lo que está claro es que estamos decididos, estamos poniendo nuestro esfuerzo para humanizar las cárceles y para parar los enfrentamientos y la muerte”, resaltó la activista.
En ese sentido, indicó que debido a la premura, el grupo debe realizar un trabajo con eficacia. “Es un tiempo relativamente corto”, acotó. Por ejemplo, indicó que tres personas que son parte de la Comisión están ubicadas en Quito y otros dos se encuentran fuera del país. Así mismo, mencionó que existe una persona desde la academia que es experta en conflictos violentos.
Los primeros hallazgos
Una de las primeras visitas que realizó el grupo fue una visita al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Además, se trasladaron hacia la cárcel del Litoral, más conocida como Penitenciaría.
En este último lugar, Curbelo lamentó que existen grupos enfrentados que tienen una cantidad alta de aliados. Así, explicó que, tras esa realidad, la estrategia que proponga la Comisión deberá ser diferente. Por ejemplo, señaló que esperan lograr acuerdos entre los grupos que se encuentran en conflicto.
Una vez que entreguen el informe, será el Gobierno el que decida si lo acogerá o no. “Nosotros vamos a hacer las recomendaciones pertinentes”, agregó Curbelo. Sin embargo, también celebró que existe mucha atención por parte del Ejecutivo hacia el trabajo que realiza la Comisión.
En esa línea, una de las primeras observaciones que adelantó Curbelo es que existe un problema principal que atraviesa todo el sistema carcelario: no existe la presencia del Estado en las cárceles. Así, alertó que hay criminales que se manejan con sus propias leyes, que tienen sus propios castigos, ventas, guardias y hasta conexión con el exterior. Por ese motivo, aclaró que el estado debe recuperar ese espacio.
Bajo esa lógica, destacó que, para lograrlo, es fundamental contar con el censo penitenciario para saber las condiciones, delitos, gravedad, salud, edad y otros datos de las personas privadas en prisión. Ese trabajo llevará al menos entre uno o dos meses, pero, finalmente, esperan contar con una política pública de rehabilitación.
