«La justicia del Ecuador tiene COVID y la sociedad no quiere ponerse esta vacuna. Nosotros hemos dicho, cuando se permiten violar los derechos de una persona, se vuelve una práctica y se replica», dijo la abogada Lorena Grillo para alertar que en el sistema judicial hay más de un millón de citaciones represadas. Es decir, se trata de un millón de procesos que no se pueden notificar a la otra parte sobre el inicio de un juicio.
«Hay personas que tienen procesos abiertos 10 años y no se mueven. No sé con qué criterio se elige qué procesos van más rápido y cuáles no. Es en todas las materias, no solo en lo penal», criticó Grillo. Así, dijo que existen procesos pequeños, que no son políticos, en los que se violan los derechos de las personas y al debido proceso.
La alerta desde Estados Unidos
Tras el comunicado que emitió la embajada de EE.UU. en Ecuador y el informe mundial de Human Rights Watch, el penalista Pablo Encalada resaltó que «el caudillismo se replica ahora también en las instituciones». Así, dijo que las declaraciones de EE.UU. muestran que ese país está coordinado con las autoridades de Ecuador para allanar el terreno «para que la justicia haga lo que tenga que hacer».
En esa línea la jurista María Dolores Miño enfatizó que el informe precisa que la utilización de la justicia para perseguir con fines políticos sigue siendo recurrente en Ecuador y que la organización internacional muestra que hay presiones contra jueces en casos políticos.
Por ello, Encalada criticó que la justicia se alinee al poder político de turno. Por ejemplo, señaló al caso de Diario El Universo en el que se condenó a una persona jurídica y ahora la justicia internacional muestra la incoherencia judicial.
Miño también alertó que el país no ha prestado atención sobre la importancia de las audiencias públicas para las impugnaciones a los candidatos a la Corte Constitucional. «La conformación del más alto tribunal es importante por las repercusiones a largo tiempo», agregó.
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