En promedio, siete niñas menores de 14 años dan a luz diariamente, producto de una violación. Son 2.000 niñas obligadas a parir cada año, según las cifras que reportó el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos-Surkuna y que recogió la activista feminista Jahiren Noriega.
“En un país justo, las niñas no son madres”, alertó Noriega para enfatizar que esas niñas aún no terminan su propia crianza y ya deben cuidar de un bebé. “Esa es la realidad que el presidente debió mirar”, criticó la activista.
Con esos antecedentes, lamentó que pese a todos los esfuerzos que realizaron, la ley no contempla todos los temas necesarios y que el mismo presidente Guillermo Lasso debió vetarla para mejorarla, pero no lo hizo. “Desconociendo de manera indolente la realidad de niñas sobrevivientes de violencia sexual”, enfatizó Noriega.
La postura del Ejecutivo
“En este país a las mujeres no solo nos abusan sexualmente, sino también físicamente, económicamente y en el peor de los casos nos matan. Cada 44 horas una mujer es asesinada solo por ser mujer. También somos víctimas de una violencia estatal”, alertó la activista. Con ello, resaltó que la postura del presidente Lasso es antiderechos y revictimizante.
Tras la aprobación de la Corte Constitucional del 28 de abril de 2021, al declarar inconstitucional la prohibición del aborto para mujeres víctimas de violación, Noriega citó que la agrupación Surkuna, que acompañó a las mujeres víctimas de violación a practicarse un aborto, citó que del 100% de los casos de violencia, el 50% de las mujeres y niñas decidieron poner una denuncia. Es decir, al menos la mitad prefirió no acudir a la justicia.
Esto, explicó la activista, porque las mujeres sobrevivientes conocen lo revictimizante que es el sistema de justicia en el Ecuador. Así mismo, recordó que al menos el 95,5% de los agresores eran personas conocidas en círculo en el que crecen las niñas. Es decir, se trató de padres, padrastros, tíos, hermanos, vecinos, entre otros.
Por ello, para Noriega la declaración juramentada implica costos judiciales que perjudican a las mujeres empobrecidas que no tienen los recursos para acudir a una notaría y pagar por el documento. Lo mismo ocurre con el examen médico que solicita el presidente Lasso en su veto, pues el mismo “es poco efectivo y revictimizante”, dijo Noriega. Esto debido a que existen violaciones que no dejan rastros.
