La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem; y el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos, expresaron este martes, 18 de febrero, su preocupación por la situación política de la vicepresidenta de Ecuador Verónica Abad.
En un informe, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su página web, los expertos calificaron como “un precedente alarmante” el caso de Abad y alertaron que “pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación”, enfatizó el texto.
Asimismo, señalaron que las medidas supuestamente adoptadas contra la vicemandataria, “incluida la destitución arbitraria de su cargo, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial de su familia”, constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de derecho.
“Tales acciones serían contrarias a las obligaciones internacionales de Ecuador bajo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, reiteró el documento.
De igual manera, denunciaron que el 8 de noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo habría emitido una resolución ordenando su suspensión sin goce de sueldo durante 150 días, “en flagrante incumplimiento de la Constitución ecuatoriana”.
“A pesar de que la justicia ecuatoriana declaró inconstitucionales estas medidas, el ejecutivo habría mantenido la suspensión, llegando incluso a que los militares bloquearan su acceso a la Vicepresidencia”, dijeron.
Otra preocupación que reflejaron los expertos de la ONU en su informe fue la presunta detención arbitraria del hijo mayor del vicepresidente, Francisco Sebastián Barreiro Abad.
Finalmente, hicieron un llamaron a las autoridades ecuatorianas a cumplir con las sentencias judiciales para restablecer los derechos del vicepresidente Abad y garantizar un proceso electoral libre y transparente.
“El incumplimiento de las sentencias judiciales, la persecución política y la manipulación del sistema judicial son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional y deben cesar de inmediato”, insistieron.
