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Explosión en unidad judicial de Machala deja daños

Explosión en unidad judicial de Machala deja daños

El hecho obligó a suspender atención presencial. Tras la explosión, investigadores encontraron panfletos con amenazas dirigidas contra tres jueces.

Un artefacto explosivo detonó la noche del domingo en los exteriores de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Machala, provocando daños en la fachada del edificio. Tras el atentado, el Consejo de la Judicatura dispuso el teletrabajo para los funcionarios y solicitó reforzar la seguridad del inmueble.

El ataque ocurrió semanas después de otros atentados con explosivos registrados contra edificios públicos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en la capital orense.

Según informó el Consejo de la Judicatura, sujetos aún no identificados abandonaron un artefacto explosivo en el ingreso de la unidad judicial, inaugurada recientemente. La detonación no dejó personas heridas ni fallecidas, pero destruyó la puerta principal y ocasionó daños en la fachada del edificio.

Como medida preventiva, la institución resolvió que el personal labore bajo la modalidad de teletrabajo mientras se evalúan las condiciones de seguridad para retomar la atención presencial.

Además, solicitó a la Policía Nacional reforzar la protección de los funcionarios judiciales y exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar el atentado para identificar y capturar a los responsables.

Hallan panfletos con amenazas contra jueces

Tras la explosión, investigadores encontraron panfletos con amenazas dirigidas contra tres jueces. De acuerdo con información difundida por medios locales, los documentos estarían firmados por presuntos integrantes del grupo criminal “Los Lobos Espejo”, quienes exigían la liberación de un hombre.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de los panfletos ni su relación con el atentado.

Machala permanece bajo estado de excepción

El atentado ocurre mientras el cantón Machala se mantiene bajo un estado de excepción decretado por el Gobierno para enfrentar la violencia asociada al crimen organizado.

Desde 2024, Ecuador permanece bajo la declaratoria de conflicto armado interno, medida con la que el Ejecutivo busca combatir a las organizaciones criminales responsables del incremento de la violencia en el país.

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