La Fiscalía General del Estado lideró una serie de operativos vinculados a una trama de supuesta delincuencia organizada. Durante las diligencias, los agentes allanaron el domicilio de Luisa González, figura central del movimiento Revolución Ciudadana. Esta intervención forma parte del denominado caso Caja Chica, el cual rastrea movimientos financieros irregulares.
Las autoridades sospechan que la campaña presidencial de 2023 recibió fondos ilícitos provenientes de Venezuela. Por esta razón, el Ministerio Público coordinó cuatro incursiones simultáneas en inmuebles ubicados en las provincias de Pichincha y Guayas. Los equipos técnicos recolectaron evidencias físicas y digitales, aunque los uniformados no reportaron personas detenidas durante la jornada.
Según detalló la Fiscalía, durante las intervenciones a los inmuebles allanados se levantaron indicios como: teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos, entre otros.
Implicaciones legales y posibles sanciones
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece castigos severos para este tipo de infracciones transnacionales. Los líderes de una red de lavado de activos enfrentan penas de hasta 30 años de prisión. Por otro lado, la normativa vigente contempla sentencias de hasta 22 años para quienes actúen como colaboradores.
González enfrenta nuevos frentes jurídicos
La exaspirante a Carondelet suma este proceso a una denuncia previa por infracciones electorales. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó a González sobre este expediente el pasado 18 de enero. Curiosamente, el aviso legal llegó justo cuando ella entregaba la dirección de su partido a Gabriela Rivadeneira.
Esta causa específica nació tras una denuncia interpuesta por Diana Atamaint, presidenta del CNE, en noviembre de 2025. La funcionaria señala irregularidades en el reporte de gastos de la campaña política anterior. Según el Código de la Democracia, este incumplimiento acarrea multas de hasta 70 salarios básicos y la pérdida de derechos políticos.
Ante estos hechos, González calificó la notificación como un engaño. Ella sostiene que los agentes aprovecharon un pedido de fotografía para entregarle los documentos legales.
Reacción de Rafael Correa
El líder la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, reaccionó desde Bélgica. En su cuenta de X, el ex presidente condenó la acción de Fiscalía. La calificó como persecusión política. Aseguró que el caso inició “por una denuncia con RESERVA DE IDENTIDAD del mes de noviembre, que ni siquiera hemos conocido. ¡YA BASTA!”.
Además dijo que los demás inmuebles allanados corresponden al también ex candidato presidencial, Andrés Arauz; la ex superintendente de Compañias, Suad Manzur; y el asambleísta Patricio Chávez.
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