Carlos Alarcón Argudo interpuso una queja por ‘error inexcusable’ ante el Consejo de la Judicatura. La acción legal cuestiona la libertad otorgada al entorno del alcalde Aquiles Álvarez.
El Fiscal General encargado, Carlos Alarcón Argudo, denunció formalmente a tres magistrados de la Corte Provincial de Pichincha. La acusación surge tras el levantamiento de la prisión preventiva en el caso Goleada.
La medida señala a los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui. Estos funcionarios permitieron que varios implicados abandonen la cárcel el pasado 2 de abril.
Argumentos de la Fiscalía por error inexcusable
Alarcón sostiene que el tribunal incumplió su deber de debida diligencia. Según el fiscal, los magistrados actuaron contra la Constitución y el Código de la Función Judicial.
La Fiscalía califica el fallo como una equivocación “grave, obvia e irracional”. El Ministerio Público critica que los jueces restaran valor a las pruebas sobre delincuencia organizada.
El tribunal sustituyó la prisión por presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Esta decisión favoreció a los hermanos Antonio y Xavier Álvarez, junto a otros procesados.
Postura de los magistrados y nuevas querellas
La Asociación de Jueces y Magistrados de Pichincha respaldó a sus colegas a través de un comunicado. El gremio afirmó que la justicia se resuelve exclusivamente en audiencias.
Los jueces argumentaron que los elementos presentados no justificaban el delito de lavado de activos. Por el contrario, la Fiscalía defiende la existencia de una red de hidrocarburos.
Sin embargo, el tribunal también enfrenta una querella previa por prevaricato. El abogado Daniel Frías busca sanciones administrativas y penales contra los mismos tres magistrados. Frías concursó para ser Defensor Público en 2024 y se retiró del concurso en medio de un escándalo.
Situación jurídica de Aquiles Álvarez
Pese al fallo en el caso Goleada, el alcalde de Guayaquil permanece en prisión. Álvarez continúa recluido en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.
El burgomaestre aún enfrenta el proceso denominado “Triple A” por presunto contrabando de combustible. Además, se le investiga por incumplir decisiones legítimas tras retirarse el grillete electrónico.
El Consejo de la Judicatura deberá ahora evaluar la conducta de los jueces. El organismo determinará si los magistrados cometieron una infracción gravísima que amerite su destitución.
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