La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Tribunal de Juzgamiento del caso Vaca y Otros que imponga penas de prisión a los seis militares en servicio pasivo procesados por el presunto delito de lesa humanidad. El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, pidió seis años de cárcel para el exministro de Defensa, Luis Piñeiros; para Juan Viteri, excomandante de la Escuela de Inteligencia del Ejército; así como para Manuel Delgado, Mario Apolo y Nelson Enríquez. Para el médico militar Fernando Ron, acusado como autor directo de tortura, solicitó la pena máxima de cinco años.
La solicitud se realizó durante la reinstalación de la audiencia en la que se presentan los alegatos finales de la Fiscalía, la acusación particular y las defensas, previo a la resolución que deberá emitir el Tribunal sobre una eventual sentencia.
Plan represivo y violaciones a los derechos humanos
Durante su intervención, Alarcón sostuvo que en 1985, en el gobierno de León Febres Cordero, se ejecutó una planificación estratégica represiva a través del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) y la Compañía de Contrainteligencia Quito (CIQ). Según la Fiscalía, este esquema estatal derivó en graves violaciones a los derechos humanos en contra de Susana Cajas, Luis Vaca —fallecido— y Francisco Jarrín, vinculados al grupo Alfaro Vive Carajo.
El fiscal afirmó que las víctimas fueron detenidas ilegalmente el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas, en el Batallón Montúfar, y trasladadas al AEIM, en Conocoto, donde fueron sometidas a tortura, plagio, tormentos, violencia psicológica y, en el caso de Cajas, violencia sexual. A criterio de la Fiscalía, estos hechos configuran crímenes de lesa humanidad.
Cadena de mando y responsabilidad de los procesados
Alarcón explicó que existió una cadena de mando vertical en la que los miembros de Inteligencia y Contrainteligencia informaban a sus superiores hasta llegar al entonces ministro de Defensa, Luis Piñeiros, a quien calificó como autor mediato. Señaló que Piñeiros ocupó ese cargo entre agosto de 1984 y marzo de 1986 y que además integró el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), junto al presidente de la República de la época.
El fiscal también atribuyó responsabilidad mediata a Manuel Delgado, exdirector de Inteligencia del Ejército; a Mario Apolo; a Nelson Enríquez, exdirector de la Escuela de Inteligencia Militar; y a Juan Viteri, excomandante del AEIM, a quienes señaló de conocer y permitir las detenciones ilegales, el confinamiento y los tormentos sufridos por las víctimas. En el caso de Fernando Ron, indicó que es acusado como autor directo por haber suministrado pentotal sódico, conocido como “suero de la verdad”, durante los interrogatorios.
Alegatos de la acusación particular
Posteriormente, intervino el abogado Juan Pablo Albán, en representación de la acusación particular, quien sostuvo que más allá de las penas solicitadas es fundamental que el Tribunal declare que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad. Recordó prácticas de tortura como el uso de electricidad con toallas mojadas y el confinamiento en espacios reducidos conocidos como el “infiernillo”.
Albán individualizó la responsabilidad de cada uno de los seis procesados, solicitó que Fernando Ron sea considerado cómplice y se sumó al pedido de condena planteado por la Fiscalía.
La audiencia continúa en la Corte Nacional de Justicia, donde aún deben intervenir las defensas de los procesados antes de que el Tribunal emita su resolución.
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