La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos reformatorios a la Ley y un proyecto de Ley este viernes, 7 de octubre de 2022.
El primero es un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conformado por 47 artículos. Según la Fiscalía, tiene como objetivo “reforzar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en todas sus formas”.
La institución expone que “el modelo procesal adoptado conllevó a la necesidad de adoptar figuras penales, aplicadas a normas sustantivas civiles; terminando por estructurarse como una acción civil a cargo de la justicia penal por la evidente intervención de la Fiscalía General del Estado, dentro de una fase de investigación patrimonial; empero, pese a adoptar un modelo anclado al penal, se omitieron regulaciones procesales de dicho ámbito”.
Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt)
Tiene como objetivo regular la organización y funcionamiento del Sistema para garantizar la integridad de quienes se encuentren en riesgo en una causa penal.
“El contexto delictivo contemporáneo de alta complejidad exige contar con mecanismos claros. Mecanismos de protección para asegurar un proceso penal que permita la imputación de los delitos y la reparación de las víctimas”, resalta la Fiscalía.
Esta normativa contiene 41 artículos. Uno de ellos detalla los enfoques rectores del Sistema Spavt: derechos humanos, género, interculturalidad, generacional y territorialidad.
Proyecto de Ley Reformatoria en Materia Penal
Se compone de 38 artículos. La Fiscalía precisó que el Estado requiere herramientas que permitan una confrontación en igualdad de condiciones.
Agregó que las instituciones dogmáticas “requieren acoplarse a su estructura consolidada dentro de la dogmática penal”. De esta manera, “un mejor perfilamiento es la institución de la autoría y participación, lo cual, repercutirá de forma positiva al momento del análisis para atribuir responsabilidades penales a los ciudadanos procesados en el ámbito penal”.
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