Este 21 de junio, la Fiscalía concluyó con su dictamen acusatorio dentro de la audiencia preparatoria de juicio. Con base en los elementos de convicción recabados, solicitó que las 16 personas naturales y 6 jurídicas, involucradas dentro del caso ‘Triple A’ sean llamadas a juicio por su presunta responsabilidad en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
Uno de los 16 procesados, es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señalado por la Fiscalía en calidad de autor como representante legal de una de las compañías investigadas.
Según la exposición, Alvarez, en calidad de representante legal, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.
Los otros procesados son los representantes de las estaciones de servicio señaladas en las presuntas irregularidades. También constan gerentes y contadores que figuraban en la nómina de las entidades investigadas.
Las empresas señaladas son las comercializadoras de combustibles y las gasolineras, que supuestamente registraron inconsistencias en la facturación de combustible, el volumen distribuido y la cantidad autorizada.
La exposición de la Fiscalía
Para sustentar su dictamen acusatorio en contra de dieciséis personas naturales y seis jurídicas procesadas en esta causa, el Fiscal a cargo del caso -perteneciente a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción- presentó más de 250 elementos de convicción, recabados durante la etapa de instrucción fiscal.
Fiscalía señaló que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coordinadora Zonal de Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, en la que se puso en conocimiento la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
Con base en las pericias anunciadas, se determinó que el presunto delito investigado se habría cometido en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $61’502.658,39, correspondiente a 22’777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).
La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras, en decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado.
Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotriz no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos. Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías.
Los elementos de convicción presentados, documentos de contratos y normativa legal vigente, evidencian que las empresas comercializadoras y sus representantes legales tenían la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviaran el combustible subsidiado, entregado por Petroecuador, hacia segmentos no autorizados.
Finalmente, los informes periciales establecen también irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal. En algunos casos, se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, volumen incompatible con su capacidad operativa.
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