vLa mesa legislativa aprobó el trámite en una rápida sesión virtual con diez votos a favor. La exministra de Energía enfrentará el proceso por el denominado “caso Apagón”.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó por unanimidad la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Una sesión virtual de apenas 15 minutos bastó este viernes 26 de junio de 2026 para que el organismo legislativo diera paso al trámite.
El pedido alcanzó el respaldo absoluto de los diez legisladores presentes, uniendo los votos de la bancada oficialista ADN y del movimiento Revolución Ciudadana.
Oposición acusa omisiones en la crisis energética
Los asambleístas de oposición Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna impulsan de manera conjunta este proceso de interpelación en el Parlamento.
Los interpelantes acusan a la exfuncionaria de incumplimiento de funciones debido a presuntas omisiones en los controles de contratación de las empresas energéticas.
Específicamente, el caso vigila los contratos de las firmas Progen y Austral Technical Management (ATM), indagados por la Fiscalía en el “caso Apagón”.
Según los denunciantes, Manzano autorizó desembolsos económicos a favor de las contratistas a pesar de los incumplimientos técnicos previamente detectados.
Giro político agiliza el control parlamentario
A diferencia de votaciones anteriores donde el oficialismo bloqueó procesos similares, la bancada de Gobierno cambió radicalmente su postura en la mesa legislativa.
La asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, presentó formalmente la moción para calificar el enjuiciamiento, argumentando el cumplimiento estricto de los requisitos legales.
Por su parte, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, defendió la neutralidad de la mesa y prometió resolver según las evidencias del expediente.
El legislador Álvarez enfatizó de forma contundente que la comisión jamás trabaja con base en chismes, cuentos, presiones externas o relatos falsos.
Plazos y siguientes fases del proceso
Tras la aprobación unánime, la mesa parlamentaria notificará a las partes involucradas para estructurar el cronograma oficial de la sustanciación.
A partir de este momento, corre un plazo de 15 días para que los interpelantes y Manzano entreguen las pruebas de cargo y descargo.
Finalmente, la comisión redactará un informe técnico que remitirá al Pleno de la Asamblea Nacional, donde los asambleístas decidirán una posible censura.
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