La Comisión de la Asamblea Nacional cerró la fase de pruebas sobre la gestión de la exministra de Ambiente y Energía ante la crisis eléctrica.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reinstaló este 21 de julio la sesión para finalizar la etapa de pruebas e intervenciones.

Diez legisladores presenciaron las exposiciones finales presentadas tanto por la bancada interpelante como por la defensa técnica de la exfuncionaria.

El proceso examina la responsabilidad política de Inés Manzano durante el manejo de los cortes de energía registrados en el país.

Acusaciones de la bancada interpelante

El asambleísta proponente Lenin Barreto afirmó que los racionamientos eléctricos de 14 horas diarias provocaron pérdidas por más de USD 2.000 millones.

Barreto añadió que la suspensión del servicio causó la pérdida de 250.000 empleos directos e indirectos en el sector productivo nacional.

El legislador denunció que Manzano omitió la supervisión de los contratos suscritos con la compañía contratista Austral Technical Management (ATM).

Según Barreto, un delegado de la autoridad conoció en mayo de 2025 que 32 generadores operaban a una frecuencia incompatible con Ecuador.

A pesar de las advertencias sobre los 50 Hz recibidos, el Estado desembolsó valores adicionales por un monto superior a 71 millones de dólares.

La acusación señaló también un primer pago de USD 53 millones realizado el 10 de octubre de 2024 a la misma empresa proveedora.

Los interpelantes fundamentan el pedido de censura en el presunto incumplimiento de funciones consagrado en los artículos 154 y 233 de la Constitución.

Argumentos jurídicos de la defensa

El abogado defensor Ismael Quintana desmarcó a la exministra de las órdenes de pago giradas a favor de la empresa proveedora de energía.

Quintana presentó certificaciones que demuestran que el pago inicial se autorizó la madrugada del 9 de octubre de 2024 por funcionarios de Celec EP.

La defensa resaltó que el documento se firmó horas antes de que el Ejecutivo designara oficialmente a Manzano al frente de la cartera de Estado.

Además, el jurista solicitó invalidar el testimonio del periodista Álvaro Martín Espinoza por carecer de acreditación pericial en temas de contratación pública.

Quintana enfatizó que la exfuncionaria solicitó exámenes a la Contraloría e impulsó denuncias en Fiscalía para investigar posibles delitos en esos contratos.

Defensas de la exministra Manzano

Inés Manzano intervino de manera telemática para justificar las acciones operativas implementadas durante su gestión en el Gobierno Nacional.

La exministra declaró que asumió el cargo en medio de un déficit de 1.800 megavatios y una sequía sin precedentes históricos.

Manzano aclaró que las instrucciones emitidas mediante memorando respondieron al marco legal de la emergencia decretada y quedaron sin efecto posteriormente.

Asimismo, citó la Ley de Contratación Pública para señalar que la administración de contratos corresponde al gerente general de Celec EP.

Respecto a la empresa ATM, la exautoridad sostuvo que las acciones legales permitieron levantar medidas cautelares dentro del arbitraje internacional.

La exministra concluyó que la estatal Celec EP quedó habilitada para cobrar multas pendientes y ejecutar las garantías bancarias contra la contratista.

La sesión parlamentaria quedó clausurada a las 17:37 y la Mesa de Fiscalización elaborará el informe borrador correspondiente.