La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional proceder con el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, al determinar presunta responsabilidad política por “manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones”.
La resolución se adoptó tras la sustanciación de la solicitud de juicio político, en la que la Comisión concluyó que la gestión de la autoridad evidenció falta de liderazgo y acciones insuficientes frente a situaciones que comprometían la administración de justicia y la seguridad de operadores judiciales.
Documentos internos habrían evidenciado conocimiento de irregularidades
Durante el proceso de sustanciación, el funcionario presentó memorandos y comunicaciones internas como parte de su defensa; sin embargo, dichos documentos fueron considerados elementos que demostrarían que conocía la gravedad de los hechos denunciados y que sus respuestas se limitaron a acciones administrativas rutinarias, sin adoptar medidas efectivas de coordinación y control institucional.
El informe también señala que las actuaciones relacionadas con el caso del juez Carlos Serrano resultaron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los funcionarios del sistema de justicia, lo que reforzó la conclusión de un desempeño administrativo deficiente.
Informe recomienda censura y destitución
Tras revisar la normativa constitucional, legal y la jurisprudencia aplicable, la Comisión determinó que existen elementos suficientes para recomendar al Pleno de la Asamblea el inicio del juicio político, proceso que podría derivar en la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, indicó que el procedimiento se desarrolló respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, y aseguró que la decisión responde al análisis de pruebas documentales y testimoniales dentro del marco constitucional vigente.
De aprobarse la recomendación en el Pleno legislativo, el proceso avanzará a la etapa de interpelación y posterior votación, en la que se definirá la responsabilidad política de la autoridad.
Más temprano el viernes, Álvarez adelantó que Fiscalización recomendaría al Pleno el inicio del juicio político contra Godoy, tras concluir que existirían fundamentos por presunta “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”, conforme al artículo 255, numeral 3, del Código Orgánico de la Función Judicial.
Además, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció su respaldo a la censura del funcionario. De sumarse apoyos de otras bancadas, podría configurarse una mayoría legislativa para definir la continuidad del funcionario en el cargo.
Acusaciones y causales planteadas
El proceso fue impulsado por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes acusan a Godoy de incumplimiento de funciones, presunta interferencia en procesos judiciales, conflicto de intereses, omisión en la protección de jueces y supuesto encubrimiento institucional en actuaciones relacionadas con el exdirector provincial Henry Gaibor.
Entre los hechos señalados se menciona una presunta presión a la jueza Nubia Vera en el contexto de una acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad, así como una supuesta interferencia en el proceso penal conocido como Euro 2024, relacionado con el delito de lavado de activos.
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