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Gallegos: El presidente Lasso está terriblemente mal asesorado; sus decretos no sofocan la crisis

Presidente-decreto-Gallegos-23-11-2021

Los indultos deben enfocarse primero en los delitos menores y no en las contravenciones menores, dijo el exsubsecretario de Rehabilitación, Christopher Gallegos, tras conocer los decretos presidenciales que firmó el presidente Guillermo Lasso el pasado 22 de noviembre.

Por ese motivo, criticó que “los decretos son una mentira”. Así, explicó que, de acuerdo con los datos, el 60% de los privados de la libertad cumplen condenas. Esto, por atentados al patrimonio y a la salud pública, entre ellos, el microtráfico. Sin embargo, el presidente otorga indultos a infractores y personas con enfermedades que no representan un número alto de la población carcelaria.

Las críticas

Sobre el primer decreto, Gallegos enfatizó que las infracciones de tránsito, citadas por el presidente para otorgar los indultos, tienen sanciones de cinco a 15 días, cuando el proceso para otorgar un indulto tarda alrededor de seis meses. Además, recordó que para estos temas existen centros de privación de libertad especializados que no corresponden a los reclusorios donde existe la crisis.

En torno a los indultos por enfermedades, el exsubsecretario criticó que para que un privado de la libertad tenga este beneficio, debe estar en etapa terminal. Así mismo, informó que en los últimos cinco años no más de 100 personas se beneficiaron por este tema. “El presidente está terriblemente mal asesorado”, indicó el experto y añadió que estos indultos no permiten sofocar la crisis carcelaria.

El protocolo de indulto

Gallegos explicó que la aplicación de un indulto toma seis meses. El mismo, inicia con la solicitud de indulto que requiere de un sinnúmero de informes. Dichos informes y solicitud inician en territorio y solo ese punto tarda tres meses. Posteriormente, pasa a Quito y allí lo trata una comisión que decidirá si la solicitud se puede o no admitir.

Tras el informe favorable de la comisión, el trámite llega a la Presidencia de la República que analiza el tema y la pertinencia de su aplicación.

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