El exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, extitulares del Comité de la Reconstrucción de Manabí, fueron llamados a juicio por el delito de peculado en el denominado caso “Reconstrucción de Manabí”.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Boris Aguirre, dio a conocer su resolución sobre la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de los procesados en este caso.
Indicó que hay motivos suficientes para suponer la participación Glas y Bernal, en calidad de «autores de ese delito». También ratificó las medidas cautelares en contra de los dos señalados.
Por otro lado, dictó sobreseimiento, por falta de pruebas, a favor de otros procesados:
- Walter Solís, exministro de Obras Pública
- Pablo Ortiz, gerente de Ecuador Estratégico
- Franklin Bernal, subsecretario de Obras Públicas
- Boris Córdova, viceministro de Obras Públicas
- Milton Maldonado, gerente de proyectos de Ecuador Estratégico
- Víctor Jaramillo, director del servicio de Contratación de Obras
- Omar Chamorro, subsecretario de Obras Públicas.
En la audiencia preparatoria de juicio contra 9 procesados que se reinstaló este 19 de mayo de 2025, Glas y Bernal comparecieron vía telemática; también se conectó la fiscal Diana Salazar.
La Fiscalía General fundamenta su acusación en contra Glas por haber intervenido en los siguientes eventos:
• Habría participado en las sesiones del Comité, en el período de mayo de 2016 a mayo de 2017.
• Estructuró el ámbito de trabajo de los equipos del Comité.
• El accionar del Comité no habría estado normado ni fue homogéneo en la ejecución de proyectos (priorización 11 proyectos investigados que no guardan relación con la Ley – Plan de Reconstrucción).
• Se habría extralimitado al tomar decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros del Comité (oficina de proyectos).
En el caso de Bernal, la Fiscalía fundamenta que:
• Habría tenido conocimiento de todas las resoluciones adoptadas por el Comité. Además, habría suscrito todas las actas.
• Coordinó, efectuó seguimientos a los proyectos, solicitó reportes y requirió fondos para financiar los proyectos a ejecutarse (que no guardaban relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad).
• Mantuvo comunicación directa con el Ministerio de Finanzas para la solicitud y asignación de fondos para los proyectos (11 NO prioritarios) y otros.
• Habría mantenido vínculos familiares con los accionistas y representante legal de CONSTRUHIDROCAB.
El juez también acogió un pedido de la defensa de Glas de que se practique una evaluación médica siquiátrica al exvicepresidente, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil.
En este sentido, el magistrado aludió al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
El juez dispuso que la Fiscalía actúe y cumpla lo dispuesto en el art. 588 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en un plazo de 12 días, para determinar el estado de salud mental del exvicepresidente.