El Gobierno Nacional reportó 230 intervenciones en el sector minero en El Oro, Napo y Loja, como parte de la suspensión de actividades en zonas priorizadas y el endurecimiento de controles ambientales.
A 23 días de la entrada en vigencia de la resolución emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, las acciones han derivado en 125 suspensiones de actividades en concesiones mineras en Napo y Loja, así como en 105 notificaciones de cese de operaciones en plantas de beneficio ubicadas en El Oro.
Suspensiones avanzan en Napo y Loja
Según el balance oficial con corte al 25 de febrero, Napo registra un avance del 84 %, con 43 concesiones mineras suspendidas de un total de 51.
En Loja, el progreso alcanza el 82 %, donde 82 de 100 concesiones han recibido la notificación de suspensión de actividades.
Estas medidas buscan reforzar la protección ambiental en territorios sensibles y garantizar el cumplimiento de normas relacionadas con el manejo de recursos naturales.
El Oro alcanza cobertura total
En la provincia de El Oro, el control abarcó el 100 % de las 105 plantas de beneficio existentes, todas notificadas con el cese de operaciones.
Sin embargo, 57 de estas instalaciones lograron retomar sus actividades luego de presentar y obtener la aprobación de planes de acción vinculados al manejo ambiental e hídrico, lo que permitió levantar las suspensiones.
Control ambiental y lucha contra la minería ilegal
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que las intervenciones responden a un plan estratégico orientado a la protección de fuentes hídricas, la conservación de ecosistemas y el respeto a las comunidades.
El despliegue operativo se ejecuta de manera coordinada entre el Ministerio del Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y las Fuerzas Armadas, lo que permite sostener controles técnicos y operativos permanentes.
El Gobierno sostiene que estas acciones buscan fortalecer la gestión responsable de los recursos naturales y combatir la extracción ilícita de minerales, en el marco de una política de minería regulada y sujeta a control institucional.
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