El presidente Daniel Noboa envió este sábado, 17 de mayo, el primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional, así lo confirmó el titular del Parlamento, Niels Olsen.
Olsen detalló en su cuenta en X que la propuesta del Ejecutivo, de carácter urgente en materia económica, busca desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno.
“Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige”, escribió Olsen en su red social.
Noboa justificó en su propuesta que la delicada situación que atraviesa Ecuador exige una respuesta estatal “integral y contundente”, donde la dimensión económica se erige como un frente crucial para debilitar y desmantelar las estructuras que alimentan la violencia y socavan la paz.
“Ecuador se enfrenta hoy a una amenaza sin precedentes, un conflicto armado interno que conlleva la emergente necesidad de proteger a la ciudadanía de la acción de grupos criminales organizados imbuidos en actividades ilícitas transnacionales, que han tejido complejas redes económicas que les permiten financiar sus operaciones, corromper instituciones, expandir su influencia territorial y perpetuar un ciclo de violencia que enluta a nuestras familias y amenaza la estabilidad de la República”, reiteró el mandatario en el texto enviado a la Asamblea.
De acuerdo con el Ejecutivo, la ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como, proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas.
Además, busca contrarrestar las economías criminales a través de la implementación de un régimen de medidas de combate, enfocado en la neutralización efectiva de los grupos armados organizados y en la priorización de la protección de la ciudadanía, la seguridad nacional y el restablecimiento del orden público para aumentar la resiliencia del sistema económico y financiero del país, y reactivar la economía de las zonas afectadas, enfatizó el documento.
Noboa dispone que el Consejo de la Judicatura, en el plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la ley, efectúe todas las acciones necesarias para la creación y formación de los jueces especializados en conflicto armado interno a nivel nacional.
Además, que la Fiscalía General del Estado, en el plazo máximo de 90 días desde la vigencia de la ley, efectúe todas las acciones necesarias para la creación y formación de Fiscales Especializados en conflicto armado interno a nivel nacional.
Noboa dispone también que el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social emita la regulación necesaria para el cumplimiento de la pena de personas sentenciadas por los delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario durante conflicto armado interno y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno.
La propuesta del Ejecutivo llega al Parlamento un día después de que el Pleno del Legislativo aprobara la conformación de sus 15 Comisiones Especializadas Permanentes, encargadas de fiscalizar y tratar leyes en áreas específicas. El nuevo Parlamento empezó funciones este miércoles, 14 de mayo.
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