Tras la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y los representantes de las diferentes funciones del Estado se acordó la creación de un Acuerdo Nacional por la crisis penitenciaria con el fin de controlar la situación de violencia que se vive al interior de las cárceles.
Entre las acciones que implementará este acuerdo está iniciar un proceso de pacificación, a través del diálogo, con apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales.
También se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional que será elaborado por el Ministerio de Gobierno, con la participación de la Procuraduría General del Estado.
Además, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones para agilizar y efectivizar los trámites en las solicitudes de beneficios penitenciarios.
El Gobierno anunció que mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad, dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida.
Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la Ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas.
Para reducir el hacinamiento carcelario se tramitará indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas y la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos.
Las autoridades reconocieron que el país “se encuentra bajo una grave amenaza externa por el narcotráfico”, las mismas que buscan tomar control en los centros carcelarios del país.
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