Ante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno anunció un plan de control para garantizar el suministro de agua potable, riego y saneamiento en todo el país.
El Ministerio de Ambiente y Energía anunció la activación de un canal de denuncias ciudadanas para reportar la suspensión del servicio a través del número de WhatsApp 0982 494 332.
Acciones implementadas
La cartera de Estado detalló tres medidas principales:
- Coordinación con juntas de agua: envío de comunicaciones a sus representantes para asegurar el abastecimiento en las comunidades.
- Monitoreo técnico permanente: despliegue de equipos especializados en todas las provincias para detectar y reportar irregularidades.
- Canal de denuncias: habilitación del número de WhatsApp para que la ciudadanía informe sobre cortes del servicio.
El anuncio se produjo tras la disposición del presidente Daniel Noboa, quien, en un evento en Riobamba, advirtió que no permitirá presiones contra agricultores mediante la amenaza de suspenderles el acceso al agua.
“He dispuesto a la Ministra de Energía y Ambiente que revise a cada Junta de Agua. Quien intente quitar el servicio para obligar a otros a protestar será denunciado por terrorismo y enfrentará hasta 30 años de cárcel”, señaló el mandatario.
El Ministerio recordó que la paralización de un servicio público está tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de uno a tres años de prisión.
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