El secretario general jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, ingresó un escrito a la Corte Constitucional (CC) donde solicita que se aplique el principio de celeridad en la resolución sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 153, emitido por el presidente Daniel Noboa.
Esto, luego que CNE enviara a la Corte ese Decreto que convoca a consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, para que el alto tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad.
El decreto 153 fue remitido por el CNE a la Corte luego de que el Pleno del organismo aprobara la noche del sábado, 20 de septiembre, una resolución en la que se solicita al máximo tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente.
La moción fue presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y contó con el voto unánime de los cuatro consejeros presentes. Si bien Atamaint sugirió inicialmente que la Corte se pronuncie en un plazo de 24 horas, el texto final exhorta a que la decisión se adopte “en el menor tiempo posible”.
El nuevo decreto del Ejecutivo se expidió luego de que la Corte Constitucional suspendiera de manera provisional el Decreto Ejecutivo 148, con el que Noboa había convocado previamente a una consulta popular sobre la Constituyente. La suspensión se dio tras la admisión de cinco demandas de inconstitucionalidad.
En reacción, el mandatario derogó esa norma mediante el Decreto Ejecutivo 152 y expidió de inmediato el 153, con el cual insistió en la convocatoria bajo el amparo del artículo 444 de la Constitución.
En paralelo, el CNE aprobó el inicio del período electoral para el Referéndum 2025, que consultará a los ecuatorianos sobre la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país y sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos. Sin embargo, en esa resolución inicial no se incluyó la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, en acatamiento a la suspensión dictada por la Corte.
A través de un comunicado, la Presidencia sostuvo que, tras la declaratoria del inicio del proceso electoral, “ninguna otra institución tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen”.
La Corte Constitucional deberá ahora analizar la solicitud y decidir si admite o no a trámite el decreto presidencial que busca convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.
Post relacionados
