El Gobierno Nacional reaccionó al crimen de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, siete horas después de que la Fiscalía General confirmara que los cuerpos sin vida encontrados en una zona cercana a la Base Aérea de Taura correspondían a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron aprehendidos por un grupo de 16 uniformados el pasado 8 de diciembre.
El Ministerio de Defensa difundió un comunicado a través de su red social X, donde “se comprometió para esclarecer el hecho y dar con los responsables del asesinato”, señaló el texto.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior aseguró que la Policía Nacional, como entidad adscrita a esa cartera de Estado, “se encuentra presta a continuar con su labor como órgano auxiliar en las investigaciones de carácter penal que dirige la Fiscalía, en respeto total a los estándares internacionales y la normativa nacional legal vigente”, precisó un comunicado.
La noche de este martes, la Coordinadora Residente de la ONU en Ecuador, Lena Savelli, instó a una “investigación rápida” del crimen de los cuatro menores de Las Malvinas.
“Nunca es momento para tan dolorosa noticia, menos hoy. Hago votos por una investigación rápida, eficaz y transparente, que lleve hacia los responsables, y que impida que algo así vuelva a ocurrir. Mi corazón está con las familias de las víctimas”, dijo Savelli en la red social X.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
Los 16 militares involucrados recibieron hoy orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional y exigió justicia por el caso.
«El Legislativo exige justicia y se solidariza con las familias de los niños y adolescentes asesinados. Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso», publicó el Parlamento en un comunicado.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos se solidarizó también con los familiares de los adolescentes y llamó a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general a evitar cualquier forma de revictimización y estigmatización.
«Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad», declaró la institución.
Mientras, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
Candidatos presidenciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
