El Gobierno Nacional informó este jueves que el proyecto de reparación y modernización de las instalaciones del Palacio de Carondelet se ejecutará sin utilizar recursos del Estado.
La decisión establece que la obra será financiada en su totalidad mediante aportes voluntarios del sector privado, a través de donaciones de empresas que contribuirán a la preservación del patrimonio institucional del país.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, estas contribuciones permitirán realizar adecuaciones integrales en infraestructura y áreas de apoyo administrativo, evitando erogaciones del presupuesto público.
El texto reiteró que, en concordancia con esta medida, se dejará sin efecto cualquier proceso de compra pública que pudiera haberse iniciado en relación con estas intervenciones.
Decisión se produce en medio de cuestionamientos por gastos en Carondelet
El anuncio se da en medio de cuestionamientos por los gastos en torno al proyecto, con una inversión de USD 130.317, que contemplaría la intervención arquitectónica de dos baños sociales y uno perteneciente a la Secretaría General de Integridad Pública.
Los documentos técnicos detallan la instalación de nuevos lavamanos, revestimiento de pisos y paredes, así como otros elementos sanitarios. Entre los rubros de mayor costo figura el uso de porcelanato premium para paredes, que supera los USD 39.000, mientras que los pisos representan más de USD 13.000 adicionales.
El presupuesto también incluye mesones de hormigón armado recubiertos con porcelanato, cuya inversión total asciende a USD 18.000 en las tres áreas a intervenir. A esto se suman piezas sanitarias individuales como inodoros con un precio referencial de USD 422 cada uno, además de grifería y accesorios con acabados dorados.
Gobierno destaca transparencia y uso responsable de recursos
Frente a este escenario, el Ejecutivo señaló que la decisión de financiar la modernización mediante donaciones privadas responde al compromiso de garantizar un uso responsable de los recursos públicos, así como de actuar con transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el pronunciamiento, este mecanismo permitirá preservar las instalaciones de un inmueble histórico sin comprometer el presupuesto estatal.
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